El Ayuntamiento no encuentra razones de interés público para prorrogar, como le ha pedido la empresa Circuitos Taurinos y como se rechazará hoy oficialmente en la Junta de Gobierno, el contrato para la celebración de la feria taurina en El Bibio. El empresario Carlos Zúñiga utilizó el argumento del interés público para justificar su petición reivindicado la tauromaquia como patrimonio cultural de España e interpretando que lo contrario sería atentar contra el derecho a la cultura consagrado en el artículo 44 de la Constitución. Los juristas municipales no están de acuerdo.
Un informe de la Asesoría Jurídica deja claro que los toros no tienen la “exclusividad” de la protección cultural por encima de otras actividades culturales que el Ayuntamiento tiene previsto realizar en El Bibio y que la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural “no impone la prestación obligatoria de esa actividad para los municipios españoles. Si ello fuera así en todos deberían celebrarse corridas de toros”.
El mismo informe rechaza la recusación formulada contra la Alcaldesa por el empresario taurino que veía en Ana González “interés personal” y “enemistad manifiesta” en base a las manifestaciones del pasado verano de la regidora adelantando que no se prorrogaría la concesión ni se volvería a licitar. Ello después de la polémica por la presencia en el coso de dos toros con los nombres de “Nigeriano” y “Feminista”. En todo caso la decisión final no la toma la alcaldesa sino la Junta de Gobierno por sugerencia jurídica.
No son los únicos argumentos que Zúñiga presentó en su petición de prórroga del contrato y que el Ayuntamiento rechaza en base a informes de la Asesoría Jurídica, el área de turismo, la gerencia de Divertia y el servicio municipal de Arquitectura. Ni se da por bueno que un cambio de usos ponga en peligro la integridad de El Bibio como edificio que tiene la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC).
Ni se acepta el informe sobre la repercusión económica de la feria realizado en 2017 por la Cámara de Comercio que hablaba de 8.750 turistas en el evento que se gastaron en la ciudad 4,1 millones elevando a 6,7 el impacto económico global de esta cita clásica de la Semana Grande. “La procedencia de algunos datos es desconocida y por tanto de dudosa validez”, critican los técnicos, que no encuentran que se haya seguido la metodología adecuada para considerar el estudio como riguroso.
En cuanto a Divertia, gestora del coso, reconoce en su informe que “el cumplimiento del contrato por parte de la mercantil ha sido satisfactorio” pero justifica no mantenerlo en un cambio en la política de usos de la plaza a favor de actividades culturales impulsadas o apoyadas desde el Ayuntamiento y la no disponibilidad del espacio en julio, agosto y septiembre en favor de esa nueva programación. Eso sí, le recuerda al empresario que es libre de solicitar el uso de El Bibio y que su petición se tramitará igual que el resto de las recibidas conforme al actual plan de usos del equipamiento.
Oficializada ya la decisión adelantada en agosto se abre el camino de los tribunales. “La Alcaldesa ha reculado con sus falsos argumentos del verano, pero no ha querido entrar en razón. Gijón ha sido el buque insignia de nuestra empresa y nuestro departamento jurídico meditará los pasos a seguir, una vez que recibamos notificación oficial, conjuntamente con la Fundación del Toro de Lidia”, adelantaba ayer el empresario Carlos Zúñiga. Sólo hace unos días, Circuitos Taurinos pagaba los 30.250 euros del canon (impuestos incluidos) de la feria de este año. La mitad de lo estipulado en el contrato inicial ya que por el covid la feria redujo a la mitad el número de sus espectáculos.
