El gobierno local, compuesto por PSOE e IU, busca que el Principado de Asturias amplíe la evaluación técnica de todos los edificios de más de 50 años "sea cual sea su titularidad". De esta forma, los dos grupos llevarán al próximo Pleno una proposición para instar al Gobierno del Principado a modificar el Decreto 29/207 por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios y se crea el Registro General de Informes. Una petición que llega después de lo ocurrido en el colegio San Vicente de Paúl, en el que dos obreros perdieron la vida al caerles encima el tejado del edificio mientras realizaban reparaciones en la última planta del inmueble. “Refuerza nuestra convicción de que las normas que regulan la inspección técnica de los edificios de mayor antigüedad, no debe limitarse a los de uso residencial de vivienda colectiva, sino que debe abarcar a toda edificación cuyo estado de conservación pueda comprometer la seguridad de las personas, especialmente, aquellos de uso colectivo intensivo”, valora la edil de Urbanismo, la socialista Loli Patón.
El Ayuntamiento de Gijón, desde donde se desarrolla un mantenimiento preventivo de los edificios municipales, que pretende anticiparse a cualquier problema de conservación, "reforzará estas revisiones, sistematizando el mantenimiento y planificando de las tareas de conservación, y realizará inspecciones técnicas de los mismos, con la periodicidad que se establezca", detallan desde el gobierno local. Asimismo, "se ha encargado al Servicio de Arquitectura y Mantenimiento que elabore un primer listado de aquellas instalaciones que puedan presentar algún problema estructural que exija su reparación. También se elaborará un catálogo que recoja todas las instalaciones municipales con indicación de su antigüedad, estado, problemas de conservación, necesidades de actuación, etc., lo que permitirá priorizar actuaciones a realizar en aquellos edificios que presenten problemas estructurales, según criterios objetivos".
La edil de Urbanismo, además, ha señalado que, "dado que el Ayuntamiento carece de instrumentos para controlar el estado de conservación de los edificios de titularidad privada y uso público, más allá de aquellos en los que el mal estado resulte muy evidente y genere un riesgo inminente para las personas, es necesaria la revisión de las normas autonómicas para poder ampliar los ámbitos de actuación".
