“Habrá que aceptarlo porque no queda otra, pero hay gran disgusto y malestar. Y sobre todo, incomprensión. No lo entendemos. Nos gustaría que Gijón siguiera siendo un referente en acciones positivas hacia las personas con movilidad reducida. La ley permite beneficios para el colectivo y aquí se da marcha atrás en un derecho que teníamos”. Mónica Oviedo, presidenta de la Unión de Discapacitados del Principado de Asturias (UMA) y de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), ejemplificaba con esta reflexión el malestar generalizado en el colectivo por la decisión del Ayuntamiento de imponerles, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la obligación de tener una tarjeta de residente, que cuesta 45 euros, para aparcar en la zona ORA.
Hasta ahora Gijón, como el resto de los ayuntamientos asturianos, tenían exentos de pago a quienes ya tienen la tarjeta europa de estacionamiento para personas con movilidad reducida. La nueva ordenanza de movilidad establece que los poseedores de esa tarjeta saquen también la de residente si quieren aparcar en zona ORA. Para ello tienen que estar empadronados en Gijón o tener su puesto de trabajo en la zona regulada. Quienes vengan de fuera tendrán que pagar. Algo que no ocurre en otros muchos municipios.
Ayer mismo, y ante la inquietud de los afectados gijoneses, hubo un primer contacto con la Oficina de Movilidad de Gijón para aclarar cuestiones. “Nos han dicho que hay de plazo hasta abril para poder solicitar esa tarjeta, que tendrá que hacerse en la oficina de la Empresa Mixta de Tráfico”, explicó Oviedo. El mismo periodo de transición que se da para aparcar sin distintivo ambiental.
Si se primará al colectivo de personas con movilidad reducida con respecto al resto de residentes con dos matices: su tarjeta les servirá para aparcar en todas las zonas reguladas y podrán gestionarse dos tarjetas de residente en la misma vivienda, una vinculada a la residencia y otra a la posesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Siempre que sea para dos matrículas distintas.
Aún así la queja se mantiene. De hecho, como recuerda Oviedo, la queja de Cocemfe ya se evidenció en el Foro de la Movilidad durante el proceso de elaboración de la ordenanza de movilidad y con las alegaciones al documento que aprobaron en el Pleno PSOE, IU, Ciudadanos y Podemos. La queja principal es la pérdida de una de las acciones positivas que permiten mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida, “porque el coche te da mucha autonomía”, pero tampoco cae en saco roto el coste económico.
“Es verdad que 45 euros no es mucho pero es un gasto más. Y lo que recauden no les va a solucionar nada”, explica Oviedo sobre los ingresos de la ORA.
