Tres son las comunidades de vecinos de Gijón que han llevado por el momento a los tribunales a una administradora de fincas, a la que acusan de un delito de apropiación indebida por quedarse supuestamente con buena parte del dinero que los afectados iban abonando mensualmente. Esta mujer, con oficina en la avenida de la Constitución, ha sido detenida en su momento por la Policía Nacional y cuenta con dos acusaciones en fase de instrucción más otra a la espera de juicio y por la que afronta tres años de cárcel. Fuentes cercanas al caso sospechan que no serán las únicas denuncias a las que tengan que hacer frente y podrían aparecer más comunidades de vecinos afectadas por la supuesta mala gestión del dinero que le confiaron a esta mujer que también ofrece servicios de asesoramiento laboral, fiscal y contable de pymes y autónomos.
El primer caso que la llevará al banquillo de los acusados es el impulsado por una comunidad de vecinos de la calle Juan Alvargonzález, que contó con sus servicios desde febrero de 2016 hasta 2021. Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, esta mujer, “con ánimo de obtener un beneficio patrimonial injusto y en detrimento de los intereses vecinos de la comunidad de propietarios de la calle Juan Alvargonzález”, procedía a cargar en la cuenta bancaria de la comunidad, “de manera constante y reiterada”, procedía a cargar a la cuenta que tenían abierta el importe mensual de sus honorarios, de 84,7 euros, pero lo hacía varias veces en el mismo mes, “incorporando a su patrimonio personal por ese concepto la cuantía total de 15.480.07 euros.
Según el fiscal , las irregularidades no se detuvieron ahí. La acusada, “guiada por idéntico ánimo de ocasionar un detrimento económico” a los vecinos, empezó a realizar cargos en la cuenta bancaria “de manera irregular y carentes de justificación”. En distintas fechas entre el periodo en que trabajó como administradora, de 1.228,67 euros y por importe de 414,30 euros. En total, 17.123,04 euros.
Por esta acción se enfrenta ahora a tres años de prisión pro un delito de apropiación indebida que lleva aparejada la prohibición para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con la gestión de bienes inmuebles, así como para la administración de cualquier entidad o persona jurídica que tenga por objeto la gestión de bienes inmuebles durante el tiempo de condena, además de devolver el dinero. Otras dos comunidades quieren llevarla también al banquillo.
