La depuradora del este de Gijón, una de las piezas fundamentales del sistema de saneamiento gijonés en la que se han invertido cerca de 50 millones de euros y cuya construcción y activación se demoró durante años por los conflictos judiciales que obligaron a repetir su tramitación ambiental, está operando ya a plena capacidad. La planta, que aún está en fase de pruebas, está tratando desde el pasado 26 de enero todo el caudal que le llega; las aguas fecales y residuales de la cuenca este de Gijón. El funcionamiento a plena capacidad y el consiguiente vertido al mar de agua con el nivel de saneamiento exigido por la normativa comunitaria, permitirá a España dejar de pagar buena parte de la cuantiosa multa impuesta por la justicia europea por vertidos sin sanear al mar. Algo esto último pendiente aún de tramitar ante la UE por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.
La multa, de doce millones de euros más otros 10,95 millones semestrales hasta que se corrigiera la situación, se impuso en julio de 2018 por la falta de saneamiento en 9 localidades españolas con vertidos equivalentes a los de 397.017 habitantes, de los que 150.000 son los de la cuenca este de Gijón. Eso supone que el 40% de los 60.000 euros diarios de multa hasta corregir la situación, dejarán de tener que pagarse con la depuración completa de las aguas del este de Gijón.
Los vecinos de la colonia de chalés de El Pisón, que llevan años dando la batalla judicial contra la activación de la depuradora, no han notado que la misma lleve 25 días funcionando a plena capacidad. “De momento, no he notado ni olores, ni ruido, ni nada. Ni ningún vecino me ha dicho nada”, señalaba ayer el portavoz de los vecinos, Manuel Llano, quien apuntó que “si es así, mucho mejor”, pero que estarán vigilantes por si se produce algún tipo de molestia. También expresó su escepticismo respecto a que la situación se mantenga.
El volumen del caudal tratado se ha ido incrementando de forma paulatina entre el pasado 29 de diciembre y el 26 de enero. El 29 de diciembre fue cuando se pusieron en funcionamiento en pruebas la mayor parte de los sistemas de la depuradora, como son los decantadores primarios y el tratamiento biológico secundario.
Con anterioridad, desde el 18 de octubre, ya habían comenzado a funcionar el desarenado y el desengrasado, instalaciones de pretratamiento que en su día se desmantelaron de la Plantona para integrarlas en la depuradora. Una vez que concluya el periodo de funcionamiento en pruebas de la depuradora del este, se hará cargo de su gestión la Empresa Municipal de Aguas (EMA), que ya gestiona la depuradora de La Reguerona, en el oeste de la ciudad.
A lo largo del periodo de pruebas ya transcurrido, se han ido superando diferentes incidencias de explotación en la planta, cuyos equipos se activaron previa autorización por parte de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático del Principado de Asturias.
Las pruebas realizadas hasta ahora llevaron a abordar reparaciones y puesta en servicio de equipos electromecánicos y reparación de humedades y filtraciones en la planta. También se revisó la tubería de 10 kilómetros de longitud que atraviesa Gijón y a través de la que se trasladarán los fangos de la depuradora del este hasta la depuradora del oeste, en La Reguerona, donde se tratarán. En esta tubería se sustituyeron varias juntas y se modificaron varias uniones y arquetas del tramo de impulsión.
El abogado lo duda
Uno de los problemas que afectaron a la puesta a punto de la instalación, fueron las complicaciones para conseguir piezas para equipos de la Plantona, para sustituir otras deterioradas por la falta de uso de las mismas. El motivo es la crisis de suministros que está afectando al conjunto de la economía a nivel mundial.
El abogado de los vecinos de El Pisón, Marcelino Abraira, señaló ayer que “dudo mucho que esté funcionando, porque tenemos vivos siete procedimientos judiciales abiertos, con medidas cautelares” solicitadas, por lo que entiende que no se podría activar la planta hasta que eso se solucione, siendo denunciable si se produce, afirma. Añade que el Ramimp exige que antes de poner en funcionamiento una obra debe revisarla un técnico competente y notificarlo a los interesados, algo que, indica, no se ha hecho.
