Una comisión antifraude presidida por la concejala de Hacienda, la socialista Marina Pineda, se encargará de diseñar un plan de medidas antifraude específico para todos aquellas contrataciones y gestiones de proyectos que se desarrollen en Gijón con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. La necesidad de un plan de este tipo es una imposición de Europa al gobierno de España que se extiende a “toda entidad decisoria o ejecutora” que participe en los proyectos que tengan este tipo de financiación. Europa exige garantías de que sus fondos siguen toda la normativa aplicable, y muy especialmente, aquella que tiene que ver con la prevención, la detección y la corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
Ahora mismo, Gijón tiene garantizados alrededor de 19 millones de euros de fondos europeos en proyectos presentados por el Ayuntamiento a diversas convocatorias, en actuaciones compartidas con otras ciudades o en acciones a ejecutar en su territorio dentro de planes de las administraciones estatal o autonómica. El reto es conseguir muchos más aprovechando las nuevas convocatorias que irán saliendo este año.
Esta comisión antifraude acaba de ser constituida por orden de la Alcaldía. A la presencia de la concejalía de Hacienda y Organización Municipal desde la presidencias se sumarán responsables de la Secretaría General, la Asesoría Jurídica y la Tesorería municipal además de los directores generales de Innovación, Servicios y Económico-Financiero en las distintas vocalías técnicas. Parte de este personal forma parte también de un comité técnico creado para coordinar la gestión en Gijón de todos esos proyectos de fondos europeos.
El específico plan antifraude para proyectos europeos tiene como paraguas el Plan de Integridad Pública aprobado por la Junta de Gobierno el 29 de diciembre del año pasado y que afecta tanto al Ayuntamiento como a sus tres organismos autónomos y las seis empresas de total titularidad municipal. Es en este documento donde se define que se entiende por conflicto de intereses, fraude y corrupción pero también por irregularidades administrativas o conductas reprochables.
Y es aquí donde se habla también de elaborar un mapa de riesgos, de diseñar un sistema de “banderas rojas” como indicadores de alerta de posibles casos de fraude o corrupción y de generar un canal de comunicación para denuncias. El documento también avala apuntalar una cultura de integridad en el Ayuntamiento y aplicar un código ético.
Este Plan de Integridad Pública también incorpora otras medidas ya activas como las declaraciones de incompatibilidad para ediles y directivos ante la toma de algunas decisiones o la prohibición de recibir regalos que excedan lo que se entiende como “muestra de cortesía habitual o atención protocolaria”. Algo que se definió en la ordenanza municipal de transparencia y buen gobierno donde solo se dan por buenos regalos que no superen los 50 euros o gastos de manutención y hospedaje derivados de la participación en un acto público o una visita oficial. Otro elemento a tener en cuenta son los vínculos de familia, amistad o enemistad que impongan a cualquier miembro del personal municipal a tener que abstenerse de intervenir en un procedimiento, con especial sensibilidad en los que tienen que ver con contrataciones.
