Un total de 81 variables conforman el catálogo de banderas rojas que se incluyen en el plan especial de medidas antifraude que el Ayuntamiento de Gijón aplicará a todos los proyectos a realizar en la ciudad en los próximos años con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. La Unión Europea impone este plan –aprobado ayer por la Junta de Gobierno en sesión extraordinaria– a todas las entidades ejecutoras de sus proyectos. En el caso concreto de Gijón este plan específico para fondos europeos se enmarca dentro de un proyecto más amplio que afecta a la vigilancia de toda la actividad municipal. Un Plan de Integridad Pública que compromete una política de “tolerancia cero” ante el fraude.
El plan tiene una duración indefinida pero con el mandato de revisarse cada año. Además, cada seis meses se revisará el denominado “mapa de riesgos” donde se ha codificado como aceptable, importante o grave el nivel de riesgo en cada fase del proceso. El plan afecta al Ayuntamiento pero también a sus tres organismos autónomos y a todas sus empresas.
Esas banderas rojas conforman un sistema de “señales de alarma, pistas o indicios de un posible fraude” que de activarse no suponen que haya una irregularidad pero sí que hay que estar vigilantes. En materia de contratación se fijan 51 aspectos a vigilar y que, de detectarse, imponen colocar una de esas banderas rojas. Desde que se haya presentado una única oferta o el número de licitadores sea anormalmente bajo a que un empleado del área de contratación no acepte un ascenso que le suponga abandonar ese servicio pasando por la detección de facturas similares presentadas en distintos trabajos o cargas laborales excesivas o inusuales.
En el área de subvenciones hay 22 puntos a control y otros ocho en el área de encargos. Toca mirar, en el primer ámbito, si se incumplen los principios de igualdad y no discriminación entre beneficiarios de ayudas, si falta información pública sobre las convocatorias o se detectan varios cofinanciadores para el mismo proyecto y, en el segundo, si hay irregularidades en procesos de subcontratación de las actividades.
Además, el plan establece las funciones que deben tener los miembros de la comisión antifraude, que preside la edil de Hacienda Marina Pineda, y regula los procedimientos a seguir tanto en la prevención como en la detección, corrección y persecución de ese fraude. Entre las medidas preventivas que se enumeran en el documento está la aplicación a todas las personas que participen en la gestión de estos fondos europeos de un código de ética pública. El Ayuntamiento de Gijón incorpora también el procedimiento existente para tratar casos de posibles conflictos de intereses.
En el caso de que se detecte un posible caso de fraude en la gestión de ese dinero el plan fija dos escenarios. Si es un incidente puntual se ordenará la suspensión del procedimiento y se notificará a los órganos competentes. Si son irregularidades sistemáticas se revisarán todos los expedientes de “naturaleza jurídica o económica análoga” que existan. Confirmada una conducta de fraude, corrupción o conflicto de intereses se activarán las medidas de persecución administrativa o judicial que correspondan. El asunto, además, tiene que comunicarse a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude en su canal de denuncias específico para el Plan de Resiliencia. Europa exige la recuperación de los fondos que se hayan gastador fraudulentamente. Ahora mismo, y a través de distintas convocatoria del Ayuntamiento y otras entidades. Gijón tiene garantizados cerca de 19 millones de euros de fondos europeos para inversiones en los próximos años.
