La plaza Mayor de Gijón acogió este mediodía una amplia concentración de personas con discapacidad, familiares y cuidadores, acompañados por representantes de todos los grupos políticos de la oposición municipal, para reclamar que se restablezca la exención de pagar por aparcar en zona ORA para las personas con movilidad reducida, que durante los últimos 20 años pudieron aparcar gratuitamente en la zona azul y que a partir de abril tendrán que sacar tíquet o adquirir una tarjeta con un coste anual de 45 euros.

La Unión de Discapacitados de Asturias considera un retroceso este cambio. “La discapacidad y muy especialmente la movilidad reducida no nos permite decidir si queremos desplazarnos caminando, en bicicleta, en patinete o en transporte público pues, aunque lo deseáramos, no podemos hacerlo y para movernos lo hemos de hacer en vehículo privado como conductor o pasajero, o en taxi, o en furgoneta adaptada. No podemos decidir la forma de movernos, de desplazarnos por la ciudad, la discapacidad y la movilidad reducida decide por nosotros”, señaló Mónica Oviedo, portavoz de la asociación y que se encargó de explicar las razones de las protestas. La portavoz del colectivo contrapuso la medida incluida en la ordenanza de movilidad con que el Ayuntamiento diga “que apuesta por una nueva movilidad comprometida con la inclusión social y la accesibilidad universal”, mientras adopta una decisión que va en el sentido contrario, opinó.

Oviedo recalcó que las personas con discapacidad soportan unos gastos anuales superiores entre 3.000 y 100.000 euros (cuando necesitan cambiar su vivienda) respecto a quienes que no padecen sus circunstancias, por lo que cuestionan que se retiren beneficios económicos como la exención de pagar la ORA, para un colectivo que se encuentra en situación “más precaria” que el conjunto de la población.

Ante el argumento municipal de que existe fraude en el uso de tarjetas para personas de movilidad reducida, los manifestantes consideran que no se puede hacer pagar a justos por pecadores. La solución a ese problema debería ser, en palabras de Mónica Oviedo, “una vigilancia y control exhaustivo por parte de la Policía Local y sancionar con multa y retirada de grúa y de tarjeta al que no cumple las normas”, además de hacer campañas de sensibilización para concienciar a la “minoría que no utiliza de manera adecuada la tarjeta”.

Con 3.000 personas con movilidad reducida en Gijón, la Unión de Discapacitados de Asturias echa cuentas y concluye que a 45 euros por tarjeta, “el Ayuntamiento va a ingresar 135.000 euros, que al menos esperamos que si no da marcha atrás, se destinen a la eliminación de barreras” arquitectónicas.

Gijón será a partir del 1 de abril la única ciudad de Asturias en la que los personas con movilidad reducida paguen la ORA. En otras ciudades con mayores problemas de estacionamiento, como Madrid o Barcelona, se permite incluso a este colectivo aparcar en las zonas de carga y descarga y además, en esta última, también pueden estacionar en zonas peatonales.

Los manifestantes corearon eslóganes como “por la movilidad, ordenanza marcha atrás” o “luego diréis que somos cinco o seis”.