En las funciones del Consejo de la Guardia Civil, así como los derechos de las asociaciones profesionales del cuerpo, no se incluyen “las cuestiones relativas al despliegue y organización de las diversas unidades dependientes de dicho centro directivo”. Esta fue la respuesta recibida por la senadora del PP por Asturias Mercedes Fernández tras preguntar en la Cámara Alta por la fusión de las comandancias de Gijón y Oviedo en septiembre de 2021. Una interpretación que el pasado martes rechazó de plano el Tribunal Supremo, anulando esa unificación por, entre otros motivos, no consultar la medida en el Consejo, donde están las asociaciones profesionales.
En la respuesta a la senadora popular se defiende que la nueva estructura “va a suponer una mejora de la operatividad, al evitar duplicidades en algunas unidades, que se traducirá de manera directa en un mejor servicio a la ciudadanía”. Y que, en ningún caso, se pretende suprimir la Comandancia de Gijón “sino fusionarla con la de Oviedo en una comandancia conjunta de Asturias”.
Otro de los argumentos esgrimidos por el Gobierno ante la senadora Mercedes Fernández se apoya en el Real Decreto 367/1997, de 14 de marzo, por el que se determina la organización periférica de la Dirección General de la Guardia Civil. Fue entonces cuando se modificó la estructura territorial del Instituto Armado, “adecuándola a la realidad autonómica del Estado, haciendo coincidir la demarcación de cada zona con el territorio de una sola comunidad autónoma, así como la demarcación de cada comandancia con el territorio de una provincia, aunque se establecían excepciones”. Una de esas excepciones era Asturias, con Gijón y Oviedo. El Consejo de Ministros decidió acabar con ella en agosto del año pasado, aunque sin dar los pertinentes pasos legales, tal y como acaba de manifestar el Tribunal Supremo en una sentencia. No obstante, se mantiene la dualidad de comandancias en la provincia de Cádiz (Cádiz y Algeciras), sin que exista intención de unificarlas.
