Calles de los barrios de Ceares, El Llano, La Calzada y Pumarín se someterán a una obra general de saneamiento para eliminar tuberías que, por su antigüedad, son de fibrocemento y contienen restos de amianto en su interior. El plan de obra se valora en 3,2 millones de euros, acaba de salir a licitación, y se divide en tres lotes separados: uno para Ceares y El Llano (1,26 millones de euros), otro para La Calzada (un millón) y otro para la calle Andalucía de Pumarín (otro millón). El primero abarca las calles León XIII, Antonio Cabanillas, Jesús, Profesor Miguel Ángel Muñiz, Cuenca y la avenida Hermanos Felgueroso. El de La Calzada, las calles Cardona, Barcas, Torno y Cabrilleros. La hoja de ruta, que estima entre 8 y 11 meses de plazo para cada lote, incluye un riguroso plan de seguridad para evitar que los operarios se vean expuestos al amianto cuando corten las tuberías para retirarlas. Tendrán que trabajar con EPI, como el que llevan los sanitarios con enfermos de covid-19, y mascarillas con filtros que no podrán llevar durante más de cuatro horas al día.
El plan explica que estas tuberías de fibrocemento “conforman buena parte de la red de abastecimiento actual” de las calles implicadas, y que la obra afectará tanto a la red de saneamiento como a la de agua potable. Ambas discurren bajo las aceras, por lo que habrá de levantar las de ambos márgenes y reponerlas al final de la obra. También se baraja tener que parchear algún tramo de pavimento de las calzadas. Se cambiarán, además, las acometidas domiciliarias y los sumideros en mal estado.
Pero, antes de todo esto, se ve necesario elaborar un plan de trabajo específico para actividades con riesgo de exposición al amianto. Los operarios tendrán que tener equipos de protección individual –los llamados EPI– y mascarillas autofiltrantes para polvo y partículas que, se recomienda, no deberían usarse durante más de cuatro horas, por lo que los turnos de trabajo expuestos a tuberías con amianto deben ser cortos. Las botas y los guantes se unirán con cinta americana al traje –que no puede tener bolsillos– para blindar todo lo posible al trabajador del exterior. Todos se someterán a una revisión médica antes y después de las obras.
Esta indumentaria obligará a instalar casetas de obra algo más complejas. Se tendrán que habilitar –de nuevo, como hacen los hospitales con enfermos de covid-19–, zonas “sucias” o contaminadas para quitarse los trajes y áreas limpias con duchas que tendrán desagües filtrados. Se instalarán carteles con advertencias para que los viandantes no se acerquen a estos vestuarios. Durante todos los meses de trabajo, además, los trabajadores no podrán verse expuestos a más de 0,1 fibras de amianto por centímetro cúbico, un límite que se garantizará con medidores de aire.
Las labores, no obstante, tratarán de limitar al máximo la liberación de este tóxico, que puede salir propulsado en forma de polvo y partículas cuando se partan las tuberías viejas. Así, se tratará de extraerlas de forma manual, sin herramientas mecánicas, y siempre pulverizando la zona de corte con agua, para evitar polvaredas. También se baraja instalar sistemas de extracción localizada de aire con el mismo propósito. Estos pedazos contaminados se almacenarán después en un área separada del resto de materiales y protegida del exterior. Los operarios no podrán comer ni fumar en el entorno de la obra. El plan definitivo, no obstante, correrá a cargo de la empresa adjudicataria de la licitación, que abre ahora el plazo a posibles interesados hasta el día 7 de junio.
El fibrocemento es un tipo de cemento reforzado en su interior con otros materiales que le hacen ser más resistentes a la humedad, lo que evita la proliferación de moho y bacterias, y soporta mejora el deterioro por el paso del tiempo. Hace décadas era habitual usar para ello fibras de amianto, que ahora se sabe que tiene efectos cancerígenos.
