Las empresas que tengan a su cargo alguna obra pública ya en marcha tendrán que demostrar, contrato a contrato, que el repunte de precios de materiales por la inestabilidad del mercado justifican un incremento del presupuesto de hasta el 20 por ciento que correrá a cargo del erario público. Así se concretará el nuevo amparo legal en el que trabaja el Ayuntamiento de Gijón, sirviéndose del decreto estatal –y aprobado después por el Principado hace ahora un mes–, para blindar la viabilidad de las obras públicas de la ciudad en una medida que, de concretarse, traerá un doble alivio: el de las constructoras, que ante lo inestable del mercado no pueden comprometerse a cumplir con presupuestos ajustados, y el de la propia administración local, que quiere evitar que sus próximas licitaciones queden desiertas. De momento, ya ha actualizado el precio para evitar un nuevo retraso en las prometidas obras de barrios degradados. Hasta ahora, sin embargo, ninguna empresa adjudicataria de obras públicas ha solicitado revisar sus precios, aunque se espera que estas reclamaciones puedan empezar a concretarse este mes.
Desde Obras Públicas ven “lógico” que los contratos ahora en fase de ejecución que se hayan basado en proyectos redactados hace ahora uno o dos años puedan ser sujeto a revisiones. El mercado de la construcción, explica el edil Olmo Ron, sigue siendo “muy volátil”, primero a raíz de la pandemia y después agravado por el conflicto de Rusia y Ucrania. “Hay precios que cambian de semana en semana”, asegura. Eso cambios han tenido una tendencia al alza notable en el último año, dejando casi obsoletos los cálculos económicos de cualquier presupuesto previo a 2020. Por eso, el Ayuntamiento está en trámites para poder adherirse al citado decreto regional, que replica un amparo legal estatal publicado en marzo y que permite cubrir rebases de presupuestos de hasta el 20 por ciento. Se tratará, no obstante, de una garantía que tendrá que estudiarse contrato a contrato y cuya justificación correrá a cargo de las empresas adjudicatarias, que tendrán que probar el rebase de cada proyecto de obra para poder recibir más financiación. La patronal del gremio, CAC-Asprocon, llevaba semanas pidiendo que tanto el Principado como los ayuntamientos diesen este paso, y ahora la aplicación de esta norma está en negociaciones y pendiente de revisión a nivel nacional. Desde Asturias se pide, por ejemplo, que las administraciones cubran también el repunte de precios de la tarifa de la luz.
En paralelo, el Consistorio intenta ir haciendo sus deberes para evitar que estos desajustes sigan prolongándose en el tiempo. Porque el mercado puede cambiar semana a semana, pero la tendencia en general alcista de los precios sí puede empezar a revisarse sobre la marcha. Por eso, Obras Públicas asegura que las nuevas licitaciones ya se están revisando antes de publicarse con presupuestos adaptados a las tarifas actuales. El caso más significativo hasta ahora ha sido del de la reforma de los barrios degradados, valorada ahora en 14 millones, 4,2 más de lo previsto.
Asturias fue la tercera comunidad autónoma en adherirse a la nueva normativa estatal
Aunque pendientes de posibles modificaciones, las constructoras agradecen que la región haya sido la tercera comunidad autónoma en sumarse al decreto nacional para garantizar la compensación económica al gremio para contratos públicos con precios desfasados por la subida del precio de materiales. Explican que en Gijón, más allá de concretar el propio trámite para adherirse a esta norma, falta también aclarar cómo se articularán las garantías de financiación, un trámite que debería blindar ya de las arcas públicas un presupuesto reservado para poder ir financiando a las constructoras según se vayan tramitando sus reclamaciones. Para Pablo Justel, que aspira a concurrir en las elecciones de CAC-Asprocon, sin embargo, la medida se antoja de momento “insuficiente” y vería más apropiado “una subida general” de los precios para adaptarse, por ejemplo, al repunte de la mano de obra, “que subirá un 10 por ciento en los próximo 3 años”. También considera que la garantía debería las concesiones, suministros y servicios. Las condiciones que se plantean hasta ahora abogan por tomar como referencia el precio de los materiales siderúrgicos, bituminosos, aluminio y cobre. Si cualquiera de los cuatro presenta un repunte del 5 por ciento respecto al último índice de precios (se actualizan cada tres meses), la empresa afectada podrá solicitar un presupuesto al alza en todos los materiales de hasta el 20 por ciento. Para el gremio esta norma resulta un tanto “compleja de interpretar”, pero entienden que “sigue siendo un avance”.
