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La polémica por una obra en un eje emblemático de la ciudad

La alcaldesa de Gijón cumplirá ya el fallo judicial y abrirá el doble sentido del Muro

"La justicia nos da la razón al cien por cien”, defiende Stop Muro tras el varapalo al Ayuntamiento |La magistrada ordena la ejecución provisional del fallo que considera ilegal el “cascayu”, a la espera de que el Tribunal Superior se pronuncie sobre el recurso del gobierno local

El “cascayu” del paseo del Muro. | Ángel González

El Muro abrirá ya al tráfico en doble sentido. El Juzgado Contencioso-administrativo número 1 de Gijón ha vuelto a dar la razón a la asociación Stop Muro en otro varapalo al Ayuntamiento y ordena ejecutar provisionalmente la sentencia con la que avalaba, tal y como pedía el colectivo, anular la obra del “cascayu”. El fallo se emitió en marzo y fue recurrido de inmediato ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por el Ayuntamiento, pero la magistrada ordena ahora que, mientras ese proceso se resuelve, el tráfico debe restituirse en el paseo marítimo tal y como estaba hace más de dos años. Para ello, Stop Muro tendrá que presentar un aval de 47.958 euros (cantidad solicitada por el Consistorio) para costear la readecuación de la zona en caso de que el TSJA dé la razón al gobierno local. La ejecución provisional se llevará a efecto en cuanto Stop Muro presente esta cuantía. Sus miembros esperan reunirla en cuestión de días. Por su parte, la alcaldesa de Gijón, Ana González asegura que cumplirá el fallo judicial y abrirá el doble sentido del Muro. "Se ejecutará y punto. Ya está", ha comentado.

El auto judicial que ahora ordena ejecutar provisionalmente el fallo de marzo anula la resolución de Alcaldía firmada en julio de 2020 para crear el polémico “cascayu”, medida que se justificó por la situación de pandemia (para ganar espacios peatonales), se calificó de provisional e implicó un gasto de 300.000 euros. Entiende la magistrada, Estefanía López Muñoz, que la restitución al tráfico puede realizarse ya porque no se trataría de una “situación irreversible” debido a que el “cascayu” es “un carril de vehículos que pasó a destinarse al tránsito de peatones” y, por tanto, puede volver a su estado original. Sí entiende que, tal y como alegó el Ayuntamiento, la situación sanitaria de emergencia sigue vigente, pero considera que “no se aprecia” que reabrir el Muro pudiese suponer un incremento de contagios, toda vez que ya se ha suprimido el uso de mascarillas.

La magistrada, sin embargo, sí estima oportuno el aval que el gobierno local solicitó a Stop Muro. Entiende que suprimir el “cascayu” sí implica tener que adecuar y señalizar la zona, retirar mobiliario urbano y recuperar semáforos, por lo que la asociación debe abonar 47.958,65 euros como aval por si la obra de restitución del tráfico acaba siendo anulada por el TSJA. “Es un obstáculo pequeño teniendo en cuenta nuestra gran satisfacción, pero la cuantía es importante”, reconoce Héctor Díaz Castañeda, letrado de Stop Muro, que explica que la asociación se reunirá hoy para estudiar cómo ampliar su campaña de recaudación de fondos. En cuanto ese dinero se consigne, la jueza dará un plazo para ejecutar el auto.

Con el único escollo de lograr ese aval de 47.958,65 euros, Stop Muro considera que la justicia le sigue dando la razón. Lo que Montse Medina, portavoz de la asociación, no entiende es que el Consistorio siga en lo que ella ve como una “huida hacia adelante” sin prestar atención al planeamiento urbanístico. “La norma lo dice claro. Hay dos cosas que no se pueden tocar, el Muro y la avenida de la Costa, porque genera muchos conflictos en el tráfico. Confiamos en ganar también ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias”, indicó ayer. Duda, también, de que las obras para la reforma del Muro, un anteproyecto para convertir el paseo en una gran senda verde con un único carril de servicio para transporte público, taxistas y residentes y valorado en 15,8 millones, se inicien este año. “El proyecto final no está hecho y tendría que salir a información pública y abrir un plazo de alegaciones. Eso no se hace tan rápido, y por eso intentan dilatar este proceso”, aseveró.

El juzgado de lo contencioso-administrativo admite en su sentencia del 31 de marzo casi toda la tesis de la defensa de Stop Muro, ejercida por el letrado Héctor Díaz Castañeda. Avala además que, por el ancho de las aceras del paseo, no se veía imprescindible suprimir carriles de tráfico para garantizar la distancia social que se exigía en lo peor de la pandemia, por lo que la obra del “cascayu” no era necesaria. Señala también que la reforma no se podía entender como provisional, sino con “vocación de cierta permanencia”, y pone en duda, por último, el trámite con el que se gestionó la reforma, que fue por procedimiento de emergencia y sin tener en cuenta, de paso, el plan especial del Muro, que estipula que el paseo marítimo debe contar con un doble sentido de circulación.

El Ayuntamiento recurrió automáticamente el fallo ante el TSJA, insistiendo en que el “cascayu” sí había sido una actuación “excepcional” y motivada por una situación de pandemia aún vigente, un recurso que sigue pendiente de resolverse. El Muro se cortó parcialmente al tráfico en abril de 2020 y el llamado “cascayu” se habilitó en el verano de ese año.

“La justicia nos da la razón al cien por cien”, defiende Stop Muro

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Con el único escollo de lograr ese aval de 47.958,65 euros, Stop Muro considera que la justicia le sigue dando la razón. Lo que Montse Medina, portavoz de la asociación, no entiende es que el Consistorio siga en lo que ella ve como una “huida hacia adelante” sin prestar atención al planeamiento urbanístico. “La norma lo dice claro. Hay dos cosas que no se pueden tocar, el Muro y la avenida de la Costa, porque genera muchos conflictos en el tráfico. Confiamos en ganar también ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias”, indicó ayer. Duda, también, de que las obras para la reforma del Muro, un anteproyecto para convertir el paseo en una gran senda verde con un único carril de servicio para transporte público, taxistas y residentes y valorado en 15,8 millones, se inicien este año. “El proyecto final no está hecho y tendría que salir a información pública y abrir un plazo de alegaciones. Eso no se hace tan rápido, y por eso intentan dilatar este proceso”, aseveró.

El juzgado de lo contencioso-administrativo admite en su sentencia del 31 de marzo casi toda la tesis de la defensa de Stop Muro, ejercida por el letrado Héctor Díaz Castañeda. Avala además que, por el ancho de las aceras del paseo, no se veía imprescindible suprimir carriles de tráfico para garantizar la distancia social que se exigía en lo peor de la pandemia, por lo que la obra del “cascayu” no era necesaria. Señala también que la reforma no se podía entender como provisional, sino con “vocación de cierta permanencia”, y pone en duda, por último, el trámite con el que se gestionó la reforma, que fue por procedimiento de emergencia y sin tener en cuenta, de paso, el plan especial del Muro, que estipula que el paseo marítimo debe contar con un doble sentido de circulación. El Ayuntamiento recurrió automáticamente el fallo ante el TSJA, insistiendo en que el “cascayu” sí había sido una actuación “excepcional” y motivada por una situación de pandemia aún vigente, un recurso que sigue pendiente de resolverse. El Muro se cortó parcialmente al tráfico en abril de 2020 y el llamado “cascayu” se habilitó en el verano de ese año. 

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