El Principado ha propuesto la apertura de un expediente sancionador, al tiempo que requerido varios informes y medidas de control a los administradores concursales de Graham Corporate (antigua Vauste), en base a un informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que, tal como desveló LA NUEVA ESPAÑA el pasado mes de abril, alerta de altas concentraciones de hidrocarburos bajo la fábrica que afectan a aguas subterráneas. En concreto, el informe describe “un riesgo inaceptable para las personas, los bienes, los ecosistemas o el medio ambiente en general”.
El informe de la Confederación y las acciones emprendidas por el Principado se hicieron llegar a los grupos políticos del Ayuntamiento en la pasada Comisión de Medio Ambiente en respuesta a una pregunta de Podemos-Equo Xixón. El grupo que lidera Laura Tuero había mostrado su preocupación por esta incidencia y, específicamente, por la repercusión para los vecinos de Santa Bárbara a través de la colindante fuente del Mortero.
El Principado es quien tiene las competencias de inspección en este caso al ser Vauste una empresa sujeta a una autorización ambiental integrada. Además de haber propuesto expediente sancionador ha realizado cuatro requerimientos al administrador concursal. El primero impone una evaluación del estado del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas por “sustancias peligrosas relevantes utilizadas, producidas o emitidas por la instalación”. Esa evaluación debe dar lugar a un informe de riesgos elaborado por una entidad acreditada, a la determinación del alcance del área afectada y a un plan de medidas para “impedir la extensión de la zona contaminado y propuestas para su remediación”.
Además, el Principado requiere información sobre el alcance del sistema de seguridad que hay en la instalación para garantizar la custodia segura de las sustancias existentes y exige que los residuos líquidos contenidos en los grandes recipientes a granel ubicados en la zona exterior se dispongan en un cubeto de seguridad para evitar “su extensión fuera de la instalación en caso de vertido”.
La última petición del Principado es “información actual y periódica” tanto de la situación concursal como de los posibles ingresos por la venta de activos de la empresa. El interés se centra en el proyecto de cierre y la gestión de los residuos peligrosos existentes en la instalación.
