La historia empieza mucho antes, con el inicio del nuevo mandato municipal y la fijación de prioridades de gobierno en el pacto político entre PSOE e IU, pero será este martes, 31 de mayo, cuando se cumpla un año desde que la aprobación definitiva de la ordenanza de movilidad sostenible del concejo de Gijón –decidida en el Pleno gracias al apoyo político del equipo de gobierno y Podemos y Ciudadanos desde la oposición y tras haber recibido 178 alegaciones– se publicara en el Boletín Oficial del Principado de Asturias fijando su entrada en vigor. El cumpleaños se “festejará” con la obligación para los vehículos que tengan derecho a etiqueta ambiental a exhibirla para circular o estacionar por Gijón. Pero no es solo eso. Un año de ordenanza de movilidad ha dado para mucho.
Un salto de dos décadas. La ordenanza de movilidad sostenible supuso para Gijón un salto de casi dos décadas al anular la ordenanza de tráfico vigente desde 2002. Pero sobre todo supuso aplicar un nuevo concepto de movilidad donde gana el peatón y pierde el coche privado. El vehículo particular pasa a estar en la cola de prioridades por detrás de los peatones pero también de los ciclistas y de los usuarios del transporte público. Un cambio radical que no ha gustado a todos.
De la batalla en el salón de plenos a la batalla en los juzgados. La movilidad ha estado en el centro de la batalla política de esta Corporación desde el minuto uno y la ordenanza no se ha salvado de ella. La concejalía que lidera el único edil de IU, Aurelio Martín, consiguió que en el Pleno levantarán la mano afirmativamente 19 de los 27 ediles. Y cuatro de los siete grupos: PSOE, IU, Ciudadanos y Podemos-Equo. Pera esa mayoría política no ha supuesto ninguna tranquilidad. Los partidos de la derecha han reforzado con el paso del tiempo su rechazo a los cambios que conlleva esa ordenanza. Dos de ellos, Foro y PP, han dado el salto al terreno judicial para intentar eliminarla del corpus normativo local.
Un enfoque ambiental en el centro de la polémica. Las mayores polémicas que se han generado en el día a día de la aplicación de la ordenanza tienen que ver con la discriminación que se hacen entre los vehículos dependiendo de su capacidad contaminadora. O lo que popularmente se entiende por vehículos con o sin pegatina ambiental. Gijón se ha colocado a la cabeza de los municipios españoles que, como Madrid, le cierran el paso a los coches contaminantes, que se corresponden con los más viejos del parque automovilístico local. En Gijón, unos 48.000 sobre 155.000 que suman turismos, autobuses, camiones y motos.
Sin etiqueta no hay ORA. La prohibición se iba a estrenar en enero y se demoró a abril pero eso no rebajó la bronca. Desde el uno de abril los parquímetros de la zona azul no dan tique si la matricula que se teclea no se corresponde con un vehículo con derecho a distintivo ambiental. Sin tique aparcar en la zona regulada supone ganarse una multa. La prohibición tiene excepciones, pero con fecha de caducidad: hasta el 31 de diciembre de este año pueden seguir haciéndolo los vehículos industriales o comerciales con tarjeta de la zona ORA y hasta el 31 de diciembre de 2025 también están autorizados quienes tengan tarjeta de residente (cada uno en su zona de referencia menos las personas de movilidad reducida que lo pueden hacer en todas) y los vehículos auxiliares que den apoyo a servicios de transporte público colectivo.
El 2026, fin para los coches que contaminan. El uno de enero de ese año es el fijado en la ordenanza para que se aplique la prohibición general de que no puedan circular coches sin etiqueta ambiental. También aquí hay excepciones: los coches clasificados como históricos podrán circular y estacionar. Hay otra excepción menos genérica y que obliga a un compromiso del propietario a través de una declaración responsable ante el Ayuntamiento pero que permitirá a coches viejos domiciliados en Gijón recorrer cada año por la ciudad un máximo de 2.500 kilómetros. Una alternativa, se piensa, para esos vecinos de la zona rural que tienen que bajar al casco urbano a hacer alguna gestión de vez en cuando. Y una medida que se incorporó al texto inicial de la ordenanza tras una negociación con Ciudadanos.
Un revés para las personas de movilidad reducida. Fue otra de las broncas de los últimos meses con la ordenanza como telón de fondo. Hasta ahora las personas con movilidad reducida identificadas con la denominada tarjeta azul no pagaban hora en Gijón. Eso se acabó en abril y con protestas en la calle. Ahora a la tarjeta azul tienen que sumar, y pagar, la tarjeta de residente. La única ventaja es que les sirve para todas las zonas reguladas de la ciudad. No solo para aquella donde viven o trabaja como ocurre con el resto de usuarios de la tarjeta de residente.
Velocidad y patinetes, en sintonía con la DGT. La ordenanza de movilidad también puso negro sobre blanco algunas regulaciones que, casi al mismo tiempo, la Dirección General de Tráfico impuso a nivel nacional. Un ejemplo, el límite de 30 kilómetros a la hora en vías urbanas de un solo carril o un carril por sentido. Pero la ordenanza también sirvió para regular esas nuevas formas de moverse por la ciudad que ya eran una realidad pero vivían en un limbo regulatorio Los denominados vehículos de movilidad personal que tienen en los patinetes el referente más conocido.
El fallido servicio municipal de bicis de alquiler. La apuesta por las bicicletas también tiene su referencia en una ordenanza que abre la posibilidad a que el Ayuntamiento tenga un servicio municipal de bicis de alquiler. Y ya se intentó en los últimos meses aunque sin éxito. La idea de que el servicio corriera a cargo de Emtusa a través de la concesión a un privado que le costaría unos diez millones de euros hizo levantar la voz a políticos, vecinos y sindicalistas. La vía Emtusa se aparcó. No la idea del servicio municipal
Ordenanza y plan, dos caras de la misma moneda. Aprobada la ordenanza de movilidad ahora mismo se trabaja en el plan de movilidad, abierto a una primera tanda de sugerencias. Un documento donde se describen las acciones a desarrollar en Gijón hasta el año 2030. Acciones que son posibles porque la ordenanza les de la cobertura legal que necesitan. La normativa que ahora cumple un año define las, ahora tan populares y previstas para La Calzada y Centro, zonas de bajas emisiones (ZBE). Pero también habla de las zonas acústicamente saturadas (ZAS) y de las áreas de prioridad residencial que, el plan estratégico coloca en el Polígono de Pumarín, Moreda y Viesques.
Estacionamiento regulado a cuatro colores. Ahora mismo la ORA de Gijón solo tiene zona azul pero la ordenanza fija la posibilidad de que también la tenga naranja, roja y verde. A saber: zona naranja con estacionamiento exclusivo para residentes, zona azul con estacionamiento de uso mixto (rotación y residentes) según hora del día y día de la semana; zona verde con estacionamiento de uso mixto de duración limitada y zona roja con estacionamiento exclusivo para rotación. Una de las ideas en las que ya se trabaja es en facilitar a los vecinos de La Arena plazas de aparcamiento en superficie aplicando esas nuevas modalidades de zona naranja y verde.
¿Lo próximo? Pues aunque no se pueda leer en el articulado de la ordenanza tiene mucho que ver con el pacto político alcanzado con Podemos-Equo para que pudiera salir adelante. El gobierno ha comprometido que a la vuelta del verano se activarán las ayudas para la compra de vehículos con distintivo y los dos tipos de bonos nuevos y extraordinarios que permitirán viajar gratis en los autobuses de Emtusa para propietarios de coches sin derecho a esa etiqueta ambiental .
