Fijar negro sobre blanco algo que ya se venía haciendo de manera habitual, como la inclusión en los pliegos de condiciones de cláusulas sociales y medioambientales, es solo una parte de la reformulación que de sus contratos acaba de iniciar el Ayuntamiento de Gijón. Marina Pineda, edil socialista de Hacienda y Organización Municipal, presentó ayer a los grupos municipales los 81 artículos del borrador del Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable del Ayuntamiento. Un documento que también compartirá con los agentes sociales y empresariales de la ciudad para que todos puedan hacer aportaciones. Hay de plazo hasta el 7 de julio.
Dos son los elementos más novedosos de este plan: el fomento de la participación de las pymes en las licitaciones y la apuesta por la compra pública innovadora. A la hora de favorecer el acceso a contratos municipales a las pequeñas y medianas empresas el plan municipal fija desde formación a sus responsables para que entiendan el sistema de licitación electrónica a divisiones en lotes de los contratos para hacerlos más accesibles. También recoge el documento que las exigencias de clasificación y solvencia serán las mínimas dentro de los márgenes legales y que pymes, autónomos y empresas de economía social serán invitadas preferentes a contratos menores que tengan la consideración de negociados sin publicidad.
El otro pilar de cambio se incluye en el título IV del plan dedicado a la compra pública de innovación e incentivación de la innovación empresarial a través de la contratación del sector público municipal. Se trata de que el Ayuntamiento pueda comprar ideas, conceptos, diseños o procesos animando así a la creación y la innovación. El plan considera innovación “la incorporación de productos, servicios o procesos nuevos o significativamente mejorados en el campo tecnológico, social o ambiental que ofrezcan soluciones técnicas o metodológicas no existentes”.
El documento también compromete avances en materia de transparencia de la contratación . “Que ya es muy transparente en Gijón porque se publican todos los contratos pero ahora ya no se trata de publicar el resultado sino también las fases preliminares”, recalcó Pineda. Para empezar se publicará a principios de cada año el plan anual de contratación.
Subida de la luz
El borrador del plan de contratación pública se presentó ayer en la misma comisión de Hacienda donde los concejales fueron informados de los proyectos presentados a convocatorias de fondos europeos y sobre la afectación en las arcas municipales de la subida del precio de la energía. Ambos procesos dependen de la Dirección General de Innovación que encabeza Patricia García Zapico.
En el caso del gasto energético, el Pleno aprobaba el martes un suplemento de 1,3 millones en la partida de alumbrado y el cálculo es que no será el último. La oposición había mostrado su inquietud sobre este asunto ya que el nuevo contrato energético fijaba unas anualidades cerradas que hacían pensar que la subida de la luz no tendría repercusión en el Ayuntamiento de Gijón. La demora en la entrada en vigor del nuevo contrato, que oficialmente tenía que ser en febrero pero aún está en periodo de transición, y un cambio normativo en el cálculo de los precios va a imponer actualizar las cifras que se habían fijado para este año. De hecho ya hay un primer cálculo presentado a los técnicos municipales. Ya con los nuevos precios a final de año se verá si hay que regularizar la partida de la luz. Y a inicios de 2023 se volverá a hacer una revisión por si es necesario volver a ajustar.
El apartado de ruegos y preguntas de la oposición en la comisión de Hacienda también sirvió para saber que hay una empresa interesadas en la gestión del bar del parque del Lauredal, aunque su intención es tirar el edificio por lo que hay que emitir un informe, y que el Ayuntamiento calcula que deberá aportar entre 400.000 y 600.000 euros para hacer frente a la liquidación de la Fundación Metal.
De gestión se personal se habló también a a cuenta de una pregunta de Rubén Pérez Carcedo. El edil de Ciudadanos exige “despolitizar el nombramiento de las jefaturas de servicio”. Las seis convocadas en lo que va de mandato se cubrieron a través de una comisión de servicios y no con un concurso de méritos. “Es preocupante que sea una práctica extendida en el Ayuntamiento, hay otros 130 puestos de trabajo cubiertos por comisiones de servicios y que duran más de los dos años máximos permitidos”, explicó.
