La decisión está tomada. El gobierno local que lidera Ana González acometerá la modificación del vigente plan especial del Muro, fechado en 2004. Tras una ronda de consultas tanto con técnicos municipales como con expertos externos se ha llegado a la conclusión de que diseñar un nuevo planeamiento urbanístico para la zona puede ser la clave para garantizar que el gran proyecto de reforma que se tiene en mente para el paseo no acabe tumbado en los tribunales.
No se quiere para el Muro el mismo final que para el "cascayu". Una reciente sentencia judicial favorable a los intereses de la entidad Stopmuro obligó al Ayuntamiento a dar marcha atrás en esa ampliación de espacio peatonal que se había ejecutado en los tiempos de la pandemia y recuperar ese carril para el tránsito de los coches garantizando así el doble sentido de circulación. Esa guerra judicial aún no ha terminado. El Ayuntamiento tiene recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Pero, a falta de lo que puedan decir instancias judiciales superiores, se quiere evitar otro "cascayu". Hay mucho en juego. El proyecto de remodelación integral del paseo del Muro desde Cimadevilla hasta El Rinconín que, en formato de anteproyecto se ha presentado a todos los agentes sociales buscando un consenso sobre el diseño, supone una inversión de cerca de 15 millones de euros, tres años de obras y darle la vuelta como a un calcetín a 98.200 metros cuadrados de ciudad en primera línea de costa.
El Muro que defiende el gobierno de PSOE e IU es verde y peatonal. Una gran senda verde salpicada de espacios de uso público sería el eje vertebral de un paseo que mantiene las características en su zona histórica y amplía las aceras de la fachada edificada para dar cabida al crecimiento de la hostelería y el comercio. Este diseño limita a un carril de servicio la presencia del tráfico en la zona. Y aquí vuelven los líos porque para la mayor parte de la Corporación el doble sentido es una prioridad a la que no quieren dar la espalda.
A esa falta de apoyo en el Pleno se sumaría la, cada vez más evidente en Gijón, judicialización de las decisiones políticas y que el plan especia de 2004 es tan concreto en sus definiciones que pondría en entredicho algunas de las piezas de ese proyecto de futuro. No hay que olvidar que el incumplimiento del plan especial fue uno de los argumentos de la jueza para desestimar la legalidad del "cascayu". El plan de 2004, por ejemplo, solo plantea dos opciones para el tráfico: peatonalización completa en superficie con el tráfico soterrado o mantener un carril de 3,5 metros de circulación en cada sentido limitando la peatonalización al entorno de Capua. Además fija la estética y ubicación de espacios singulares en un diseño que nada tiene que ver con el de ahora.
Optar por hacer un nuevo plan especial supone convertir en casi imposible ver obras en el paseo del Muro antes de que acabe el mandato, al que le queda menos de un año. La idea de partida hace unos meses era que antes de final de año ya se pudiera empezar algún trabajo en el paseo. Pero el freno a esa idea está puesto. Si primero se hizo para no interferir con el proceso judicial por el "cascayu", ahora se hace para generar una regulación que deje atado, y bien atado, lo que se pueda hacer en el Muro. La tramitación de un plan especial puede prolongarse durante un año.
