Un vecino del barrio de El Llano de 41 años, natural de República Dominicana, se sentará próximamente en el banquillo de los acusados para responder de un delito continuado de agresión sexual cometido contra la hija de su mujer, que en el momento de los hechos tenía trece años. Este individuo, que bajo amenazas obligaba a la menor a mantener relaciones sexuales completas cuando su la madre de la niña se ausentaba, se enfrenta a una pena de 14 años de cárcel, siete de libertad vigilada, 15 años de alejamiento y dos décadas de prohibición para desempeñar cualquier empleo que implique contacto con menores. A 15.000 euros asciende la petición indemnización por los daños morales del Ministerio Fiscal.
Los contactos sexuales comenzaron en 2019. Al principio, el procesado comenzó a realizar distintos juegos con la menor, como hacerle cosquillas y buscarle con los ojos aparentemente tapados para al final terminar realizándole tocamientos sexuales en el pecho de la niña. Le dijo que no contara nada a nadie, pues "podría traerles problemas a los dos". Esas prácticas, como suele ocurrir siempre en estos casos, fueron subiendo en intensidad. A finales de 2020 y principios del 2021, por ejemplo, ambos se encontraban confinados por el coronavirus, y con la excusa de tomarle la temperatura a la niña, comenzó a "pasarle la lengua por el cuello" y a realizarle tocamientos "debajo de la ropa, tanto en el pecho como en sus partes íntimas". La menor se negaba, por lo que este hombre le dijo que no lo contara, que así le regalaría un nuevo teléfono móvil de alta gama.
Esos episodios también ocurrían en público. Un día, en el parque de Los Pericones, la llevó a una zona más apartada y comenzó a besarla, pero la menor logró salir huyendo a la carrera.
Las prácticas no se detuvieron. Ni mucho menos a tenor del escrito de acusación de la Fiscalía. Los tocamientos continuaron y en los primeros meses de 2021 comenzaron las relaciones sexuales completas. En concreto, un día de agosto en el que su mujer se había ido al hospital con la hija que tenían en común, entró en la habitación de su hijastra, que estaba sola. "La agarró con sus manos fuertemente con los brazos, bajándole el pantalón del pijama (...)" y la violó mientras le decía "que parara de llorar que no era para tanto".
Lo ocurrido ese día fue la gota que colmó el vaso. La madre, al enterarse de lo que ocurría, echó de casa a su marido, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA en noviembre del año pasado, al inicio de la investigación judicial. El procesado y la madre de la víctima llevaban once años de relación –siete de ellos casados– y vivían con la hija común y la víctima en el mismo piso.
La afectada, a consecuencia de lo ocurrido, "presenta secuelas indicadoras del impacto psicológico sufrido, ha perdido calidad de vida acorde a su etapa evolutiva y ha desaparecido su sistema de apego, siendo necesaria ayuda psicológica centrada en el trauma", según el informe psicológico del Centro de Crisis para víctimas de agresiones sexuales que está incorporado a la causa.
Expulsión de España
El procesado, por su parte, no tiene antecedentes penales y se encuentra en situación legal en España, con permiso de residencia vigente. No obstante, la Fiscalía solicita que, en caso de condena, sea expulsado del territorio nacional una vez cumpla los dos tercios de la pena impuesta.
En la causa, tanto la madre como el padre biológico de la niña ejercen la acusación particular. Están representados por los abogados María Ibáñez de Aldecoa y Rubén González Sierra, respectivamente. La defensa es María Dolores Mora. El juicio, a celebrarse en la sección octava de la Audiencia, espera fecha.
