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El Ayuntamiento de Gijón impone un castigo económico a la empresa que dejó sin acabar la reforma de Calderón de la Barca

La Junta de Gobierno fija una penalización de 577 euros al día hasta que se solvente el problema

Vista de la obra inconclusa de la calle Calderón de la Barca ANGEL GONZALEZ

Desde ahora y hasta que acaba la reforma de la calle Calderón de la Barca o se de por finiquitado el contrato que tiene en vigor, la empresa Cotodisa Obras y Servicios deberá pagar 577,81 euros al día al Ayuntamiento. Esa es la penalidad diaria acordada ayer por la Junta de Gobierno tras desestimar tanto el recurso de reposición como las alegaciones presentadas por la empresa al expediente que se le abrió en agosto tras abandonar una obra que tenía que haber terminado el 30 de julio. No sólo no lo hizo sino que la dejó menos que a medias. Los técnicos municipales han cuantificado la obra ejecutada en un 43,13% del total.

Cotodisa fue la empresa a la que la Junta de Gobierno adjudicó esa obra en agosto de 2021 por 1,3 millones (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de ocho meses al que se añadió luego un mes más. Un día antes de que se cumpliera el plazo final, la empresa pidió al Ayuntamiento un modificado del proyecto con suspensión de plazos. No se le concedieron empezando así un enfrentamiento en los despachos que mantiene la obra parada en la calle.

La Junta de Gobierno, por otro lado, aprobó la adjudicación a la empresa Citibike Global del nuevo servicio público de bicicletas compartidas por un importe de 3,3 millones, en parte financiado por los fondos europeos. La empresa tiene seis meses para poner el servicio en marcha pero desde el Ayuntamiento ya se cuenta con que el proceso tendrá sus dificultades. Las empresas que firmaban una de las ofertas perdedoras ya ha solicitado el acceso al expediente lo que, como asumió la portavoz Marina Pineda en base a la experiencia, suele ser el primer paso para la presentación de un recurso. 

En materia de contratación se aprobaron dos certificaciones vinculadas al contrato de mantenimiento y conservación viaria. Una de esas certificaciones, de 35.148,58 euros, se corresponde con una parte del gasto acometido por el Ayuntamiento para cumplir con la sentencia judicial que impuso eliminar el «cascayu» del Muro para garantizar el tráfico de los coches en doble sentido. Esta parte se corresponde con los cambios en la red semafórica. 

También se dio luz verde en la sesión de ayer de la Junta de Gobierno al protocolo que reactiva el teletrabajo entre el personal municipal tras el hackeo de hace unos meses, al convenio con el Principado para el mantenimiento de la red de casas de acogida a víctimas de violencia de genero lo que supone  120.000 euros para la Casa Malva, a la desestimación de un recurso de la firma Sardalla Española por la obra del camino a la playa de Estaño y a una modificación en el contrato de reparto de notificaciones y la prórroga del contrato de maquinaria de obra con conductor. 

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