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Los pisos para jóvenes en Peritos aspiran a fondos a través del Gobierno

El Principado ultima un acuerdo ministerial para garantizar la financiación europea del proyecto y pedirá una modificación del Plan de Ordenación

El aparcamiento en superficie del solar de Peritos. Ángel González

El Principado sigue adelante con su plan de darle una nueva vida al solar que ocupara la antigua escuela de Peritos, en la confluencia de las avenidas de Manuel Llaneza y Constitución. Sobre la mesa está la propuesta, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA el pasado mes de marzo, de generar en ese suelo un complejo de viviendas –unas 250 en principio– que se pondrían en el mercado en régimen de alquiler, a un precio asequible y dando preferencia a los jóvenes como inquilinos. La construcción de ese complejo residencial se complementaría con la construcción de un aparcamiento subterráneo de uso público y el desarrollo de espacios libres en la superficie. También se abre la opción a que el edificio incorpore otros espacios abiertos a la ciudadanía, como un salón de actos.

Ahora mismo el Principado, como propietario del suelo e impulsor del proyecto, trabaja en dos vías. Una implica al Ayuntamiento de Gijón y la otra al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para garantizarse, respectivamente, la tramitación urbanística y la financiación del proyecto. La primera vía de acción tiene que ver con la necesidad de reformular el Plan General de Ordenación de Gijón en lo que tiene que ver con la ficha urbanística que afecta a esa parcela para permitir que el proyecto de vivienda joven se pueda llevar a cabo.

Desde el Principado ya se ha notificado al Ayuntamiento de Gijón que le solicitará la modificación puntual del Plan en ese ámbito en cuanto se oficialice el decreto que modifica el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (ROTU) con su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. La previsión es que esta petición se pueda formalizar en unas semanas.

Hay que recordar que el PGO califica esta parcela como de uso dotacional, concretamente como equipamiento de uso administrativo, ya que la previsión del Principado en 2008 era desarrollar allí un gran complejo de servicios públicos. Con esta calificación es imposible hacer viviendas así que toca cambiar el planeamiento. Algo que no parece tener rechazo dentro de la Casa Consistorial.

También en unas semanas espera el Principado concretar la firma de un convenio bilateral con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para incluir esta promoción dentro de los proyectos a financiar con fondos Next Generation. La comunidad autónoma recibirá de manera directa del Ministerio una asignación económica para actuaciones en materia de vivienda –dentro de lo que se denominada programa 6– a partir de esos recursos que llegan de Europa. Esa sería la vía de financiación del proyecto para vivienda joven en Peritos. No habría que presentar el proyecto gijonés a ninguna convocatoria abierta que le supusiera competir con otras propuestas de otros municipios.

Toda esta información se la facilitó la concejala de Urbanismo, la socialista Dolores Patón, a los grupos municipales en una reciente comisión a la que el asunto llegó en forma de pregunta del edil de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo. Patón explicó que aunque el Principado aún no ha formalizado ninguna solicitud específica sobre el asunto al Ayuntamiento si ha ido informado de su desarrollo a las autoridades municipales a través de contactos informales. El desarrollo de ese complejo de viviendas sería una de las actuaciones del Principado en Gijón a pagar con fondos europeos. Igual que la propuesta de hacer un intercambiador para autobuses urbanos e interurbanos en el entorno del Humedal o un aparcamiento disuasorio en la avenida de Portugal.

Mientras, el Ayuntamiento sigue adelante con sus propios proyectos de financiación europea. Hoy por Junta de Gobierno pasa la adjudicación de la implantación y gestión del servicio público de bicicletas. El presupuesto de partida se fijó en 3,8 millones para tres años que se puede elevar a 4,7 millones con las prórrogas.

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