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Los litigios por la plusvalía multiplican por siete los gastos judiciales del Ayuntamiento

Las sentencias perdidas por el cobro indebido del impuesto se llevaron el año pasado el 95% de los 127.500 euros abonados por todos los juicios

Un hombre consulta documentación municipal. | Juan Plaza

Ni ordenanza de movilidad, ni "cascayu". La plusvalía ha sido el gran quebradero de cabeza para los abogados municipales. Tanto por el número de casos como por sus consecuencias económicas para las arcas municipales. Un dato. La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Gijón cerró el año pasado pagando 127.473,47 euros en costas de procesos judiciales perdidos. La cifra está fuera de cualquier comparación con años anteriores. De hecho supone multiplicar casi por siete los algo menos de 19.000 euros abonados en el ejercicio de 2020. En 2019, fueron algo más pero ni de lejos lo mismo que el año pasado ya que las costas abonadas se quedaron en 26.847 euros. ¿Qué pasó en 2021?

La explicación tiene una sola palabra y aparece en el informe que el responsable de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, Ángel Miguel Jaime Gutiérrez, firma en respuesta a una petición de datos de la edil popular Ángeles Fernández-Ahúja: plusvalía. Y es que el 95% de todo esas costas pagadas –en concreto 121.072,08 euros– se corresponden con procedimientos contra el Ayuntamiento por el cobro indebido de la plusvalía. Hay que recordar que en mayo de 2017 el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucional de diferentes preceptos del impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía) al entender que no se podía cobrar a quien no hubiera tenido ganancia en la transmisión del bien.

La mayor parte de los ayuntamientos optaron por seguir cobrando hasta que se completase tanto el camino judicial como la búsqueda de una alternativa a una sensible perdida en una de sus vías de ingresos más importantes. El Constitucional mantuvo su línea sobre el impuesto en sentencias de 2019 y 2021. Esta última, a finales de año hizo que el gobierno de España tuviera que recurrir a un decreto ley para agilizar al máximo un ajuste a la ley de haciendas locales necesario para concretar el nuevo cálculo de la plusvalía en pleno proceso de elaboración de los presupuestos del año siguiente.

Mientras, los juzgados iban dando la razón a los demandantes lo que supuso al Ayuntamiento devolver el impuesto pagado, los intereses y las costas del pleito. Entre 2019 y 2021 el Ayuntamiento de Gijón tuvo que devolver 1,64 millones por el cobro de ese impuesto: alrededor de 1,1 millones en 2021. Sobre procesos judiciales de plusvalía hubo 75 estimaciones en 2020, 91 en 2021 y 19 este año. Las sentencias no se corresponden con procedimientos iniciados ese mismo año.

El impacto judicial de la plusvalía ya no se deja sentir en las costas del primer semestre de este 2022 al cambiar el criterio municipal asumiendo las peticiones de los demandantes. "Desde 2017 y hasta ese 2021 el Ayuntamiento no fue proclive a no cobrar ese impuesto y eso ha costado mucho dinero, como estas costas que se podrían haber evitado. Prefirieron seguir sangrando el bolsillo de los gijoneses en una huida hacia adelante en contra de los intereses de los ciudadanos y eso ha supuesto tener que devolver millones. No sería porque no se les advirtió", explica la concejala Fernández-Ahúja, abogada de profesión, como reproche al gobierno de izquierdas.

La trascendencia de la plusvalía en la actividad judicial municipal se deja ver en otros números. Es por materias, la segunda que más contenciosos administrativos ha generado contra el Ayuntamiento: 67 de los 201 presentados en 2020, 39 de los 221 del año 2021 y 11 de los 110 contabilizados en el primer semestre de este año. Son 117 contenciosos sobre plusvalía sobre 532 de todos los temas en esos dos años y medio: un 22%. Solo le ganan los casos de responsabilidad patrimonial, 149 en ese mismo periodo de tiempo. Luego hay 50 por asuntos de licencias y 48 en materia de personal.

Pese al asunto de la plusvalía lo cierto es que la litigiosidad del Ayuntamiento ha bajado. Aunque hay que tener en cuenta la anormalidad de los años marcados por la pandemia. En 2019 contra el Ayuntamiento se presentaron 34 contencioso administrativos. El año siguiente fueron 201, en 2021 se elevó a 221 y en el primer semestre se computaron 110, lo que hace esperar que se cierre el año en ese margen de los doscientos casos.

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