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El Ayuntamiento de Gijón gastó miles de euros por pleitear para no devolver plusvalías

Muchos contribuyentes se ven forzados a ir al Juzgado para recuperar su dinero por el «empecinamiento» municipal, denuncian los abogados

Abogados atribuyen las costas por juicios de plusvalía al "empecinamiento" municipal

Desde 2019 el juzgado de lo contencioso de Gijón ha recibido un aluvión de reclamaciones contra el Ayuntamiento para la devolución del impuesto de la plusvalía, en base a las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional contra ese gravamen a las operaciones en las que no se generara un beneficio con la venta del inmueble. En muchos de los casos que perdió el Ayuntamiento, además fue condenado en costas, teniendo que desembolsar por este concepto 121.078,08 euros en 2021, según un informe de la Asesoría Jurídica municipal elaborado en respuesta a una pregunta de la edil del PP, Ángeles Fernández-Ahuja, tal como ayer adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Diversos abogados atribuyen ese gasto para las arcas públicas al "empecinamiento" que tuvo durante años el Ayuntamiento, negándose a devolver el impuesto indebidamente cobrado pese a que una sentencia de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ya habían fijado un criterio claro al respecto. En 2022 el Ayuntamiento decidió allanarse a las reclamaciones pendientes de resolver en los tribunales, precisamente para evitar las cosas.

Además de la del TSJA, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en 2017, otra en 2020 y la última, en octubre de 2021 tras la que el gobierno central cambió la ley que regula la plusvalía y el Ayuntamiento adaptó sus ordenanzas fiscales. El Tribunal Supremo también se pronunció en el mismo sentido en 2018.

El abogado Ignacio Manso Platero explica que "al Ayuntamiento le metieron las costas por seguir desestimando las reclamaciones, cuando ya conocía el criterio del tribunal". Platero explica que en las primeras sentencias sobre una determinada controversia jurídica, no se suele imponer las cotas a la parte que pierde, "pero si el tribunal ya se ha pronunciado sobre ese asunto y el Ayuntamiento sigue empecinado en no seguir el criterio del tribunal, es cuando le cargan las costas", las cuales no cubre todos los gastos del contribuyente en el pleito, en especial si ha tenido que aportar informes periciales o ha contratado procurador.

Aunque ahora el Ayuntamiento está aceptando las reclamaciones, la abogada Pilar Santamarina lamenta que siga forzando a los contribuyentes a acudir al juzgado, con los gastos que eso les supone. La letrada pone como ejemplo una reclamación previa ante el propio Ayuntamiento para que le devuelvan algo más de 5.000 euros de plusvalía a un cliente y que "el Ayuntamiento lleva año y medio sin contestar, con lo que están obligando a interponer un contencioso". Dada su experiencia, esta letrada vaticina que el Ayuntamiento esperará a que se den los pasos para iniciar el procedimiento judicial o se interponga el mismo para allanarse y devolver el dinero recaudado indebidamente. "En muchos casos no lo hacen hasta el propio día del juicio", añade la letrada.

"No sale un duro de las arcas municipales sin que se vaya a juicio. Siguen la misma estrategia que los bancos con las cláusulas suelo, porque saben que hay un 40% de contribuyentes que no van a ir a un pleito, con lo que ese dinero se lo acaba embolsando la administración", sostiene Santamarina. Añade que "las costas que se imponen suelen ser muy limitadas, de 300 euros, cuando el coste de un contencioso es de un mínimo de 700 euros", en honorarios de abogado. Si el Ayuntamiento admite la reclamación previa de los contribuyentes, el coste para los mismos es muy inferior. El contencioso se puede interponer a partir de los seis meses por silencio administrativo, pero asumiendo los gastos que ello conlleva. El Ayuntamiento busca alargar el procedimiento "lo máximo posible", explica la letrada.

En el mismo sentido se pronuncia el abogado Marcelino Abraira: "hemos llevado algunos temas de este tipo y conocemos otros y podemos decir que este ayuntamiento dilató todo lo que pudo el reconocer el contenido de la sentencia del Constitucional de 2021 y de no haberlo hecho no habría habido tanto pleito como hubo". El letrado añade que no es habitual que en primera instancia se impongan costas con lo que cree que la elevada cuantía que tuvo que afrontar el Ayuntamiento pueden haber tenido que ver conque "el juez habrá visto mala fe o temeridad" por el Ayuntamiento.

Para el letrado Javier Díaz Dapena, "aún siendo comprensible que las entidades locales se esmeren en percibir tributos, los avances jurisprudenciales y legislativos y la contundencia de las sucesivas resoluciones judiciales, deben persuadir a los responsables municipales de la necesidad de cesar en esa voracidad recaudatoria, pues su contumacia acaba creando el efecto contrario, vía devoluciones de tributos con intereses de demora y pago de las costas" considerando que esos gastos judiciales "innecesarios" para el Ayuntamiento son "fruto de ese empecinamiento en desoír las sucesivas resoluciones judiciales" obligando a los ciudadanos a acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos.

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