El pasado 27 de octubre la Comunidad de Madrid reorganizó sus 80 centros de urgencias extrahospitalarias, estableciendo la presencia de un médico, enfermero y celador en 46 centros, mientras en otros 34 solo habría dos enfermeras, un celador y asesoramiento médico por videoconsulta. Dicha norma chocó con el personal sanitario, que, previamente, ya sufría duras condiciones de trabajo y generó una cascada de bajas laborales (57% de médicos al primer día de vigencia) con su lógico impacto asistencial. Posteriormente, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, respondió con un discurso prepotente, surgiendo varios ceses en la cúpula de Atención Primaria. Semejante noticia merece ser comentada.
En primer lugar, conozco la Sanidad madrileña por haber ejercido allí durante 16 años como cirujano de plantilla y admito que los sucesivos gobiernos autonómicos del PP la han debilitado en beneficio del sector privado. Así, en tiempos de Esperanza Aguirre se construyeron varios hospitales públicos de gestión privada, creándose mayor sobrecarga laboral por desequilibrio entre médicos disponibles y demanda asistencial. De hecho, en mi hospital, la consulta diaria superaba el máximo idóneo de 30 pacientes (menos de 10 minutos / paciente), aunque solo excepcionalmente alcancé los 60 pacientes (habituales en las agendas asistenciales actuales) ni debí doblar consultas (por bajas no cubiertas), implicando el riesgo de mala praxis por errores médicos.
En segundo lugar, ante la precariedad de médicos en Atención Primaria y sus urgencias, dicho servicio de teleasistencia vulnera principios deontológicos y podría colapsar los hospitales. Consiguientemente, se inició una huelga de Urgencias y se celebró una gran manifestación en Madrid, convocándose otra huelga de médicos de familia y pediatras para recuperar la dotación de sus plantillas, con un sueldo justo y estabilidad laboral (sin contratos temporales), sobre todo en zonas rurales. Actualmente, la huelga de Atención Primaria persiste, mientras está desconvocada la de médicos de urgencias tras su acuerdo de mínimos con la Comunidad.
En tercer lugar, Ayuso se contradice al declarar: a) "Madrid tiene una Sanidad Pública inmejorable", cuando admite la falta de médicos; b) "Los sueldos del personal sanitario en Madrid son bajos", pero los mantiene para evitar "efectos llamada" que desmantelen otras CC AA; c) "Esta huelga está politizada", aunque el personal sanitario solo reclama mejorar sus condiciones laborales.
Finalmente, la "marea blanca" puede extenderse a toda España porque el deterioro de la Sanidad Pública es global. Así, Cantabria también ha sufrido una huelga de médicos de Atención Primaria, desconvocándose el día 17 tras su acuerdo con el Servicio Cántabro de Salud.
En definitiva, la Sanidad Pública madrileña inicia un tsunami que podría extenderse a toda España: consiguientemente, los gestores sanitarios del Principado deberían tomar medidas para poder evitarlo.
