A lo largo de esta semana se completará la fase de presentación, y votación de los presupuestos de las empresas municipales y los organismos autónomos del Ayuntamiento de Gijón en sus respectivos consejos de administración y juntas rectoras. El proceso se está desarrollando, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, de manera paralela al remate final del diseño del presupuesto general del Consistorio de cara a su presentación oficial e inicio de una negociación política para buscar apoyos que le garanticen que pueda salir adelante en el salón de plenos. Las cuentas de 2023, que no tienen ni mucho menos garantizada su aprobación, serán las últimas de este mandato. Y las últimas de la socialista Ana González como alcaldesa.
La inestabilidad económica en todos los frentes hace que los técnicos de la concejalía de Hacienda no paren de hacer cambios para que las cuentas cuadren en los detalles. Eso, y el puente festivo que marca la irregular actividad laboral en los primeros diez días de diciembre, han llegado al equipo de gobierno a calcular que ya será después del puente cuando se pueda presentar el proyecto presupuestario del Ayuntamiento y se pueda oficializar la cifra final del presupuesto consolidado, al que se vinculan todas las sociedades del denominado Grupo Ayuntamiento. Para hacerse una idea de la envergadura del proyecto hay que recordar que el presupuesto municipal aprobado en Pleno para este año fue de 247 millones, que se elevaron a 336,1 millones.
Esas fueron las cuentas de 2022. Ahora toca pensar en las de un 2023 con unas elecciones municipales por medio. Algo que ya de por sí complica el acuerdo político que, en esta ocasión, se suma a la dificultad técnica de ajustar unas cuentas marcadas por los incrementos en los gastos de personal, materias primas, combustibles, energía e intereses bancarios, que nada tienen que ver con decisiones que se tomen dentro de la Casa Consistorial. Otra singularidad del proyecto económico para el año que viene respecto a presupuestos de años anteriores es la obligación de incorporar la parte de cofinanciación municipal de los proyectos aprobados en base a fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Son algo más de cinco millones ya comprometidos para 2023 a sumar a las anualidades de inversiones en marcha o de transferencias corrientes, como las que pasan a las comunidades de vecinos de los barrios degradados.
Por ahora las cosas han ido mejor de lo que se podía esperar. Todos los presupuestos presentados en los consejos de administración de las empresas han salido adelante. Tanto en las pequeñas como Divertia, Emvisa o Gijón Impulsa como en la primera de las tres grandes, Emulsa, que han pasado por ese trance. En el caso de Emulsa el debate presupuestario tuvo lugar en un momento de máximo tensión por el conflicto político y sindical generado entorno a la empresa por el presunto caso de acoso sexual de un capataz a trabajadoras. Caso que se ha puesto en manos de la Fiscalía.
Entre hoy y mañana tendrán que pasar ese trámite los presupuestos de la Empresa Municipal de Aguas, la única que no recibe transferencias de dinero del Ayuntamiento, y los de los organismos autónomos, que son las fundaciones de Servicios Sociales y Cultura y el Patronato Deportivo. Un matiz importante, en los consejos de las empresas municipales hay representación política pero también vecinal, sindical y social lo que genera una estructura diferente en los equilibrios de votos. Pero en las juntas rectoras de los organismos autónomos solo hay representantes de los partidos políticos de la Corporación, en la misma proporción que en el Pleno. Y son los partidos de la oposición en la Corporación quienes siempre han mostrado mayor beligerancia con las propuestas del gobierno. El último consejo presupuestario, retrasado al día 2, es el de Emtusa.
Al margen de la negociación política con la oposición, también los partidos que sustentan a los socios de gobierno –PSOE e IU– tendrán que sentarse a hablar de los dineros de 2023. Esa es la primera cita política.
