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Los perros peligrosos estarán censados y no podrán entrar en espacios comunitarios

El gobierno local plantea multas de hasta 750 euros para quienes dejen en el coche a sus mascotas durante más de dos horas

Un bozal, en una valla del albergue de Serín. | Juan Plaza

El primer borrador de la ordenanza de bienestar animal que la concejalía homónima acaba de dar a conocer a las entidades animalistas plantea ponerse al día en la normativa nacional y regular las condiciones de tenencia y paseo de los llamados perros potencialmente peligrosos (PPP). En la anterior norma, vigente desde 2011, este tipo de mascotas venían recogidas de manera bastante general, limitándose a obligar a sus dueños a pasearlos por vías públicas con correa corta y bozal y tener vigente su licencia de posesión. Ahora, el nuevo documento crea un apartado concreto para este tipo de animales y plantea asumir tanto la expedición de estas licencias como la creación de un censo propio a nivel local en el que tendrán que apuntarse todos los perros peligrosos que estén en la ciudad durante más de tres meses. La licencia administrativa que plantea el Ayuntamiento controlará que los dueños de este tipo de mascotas no tengan antecedentes penales y hayan superado exámenes de aptitudes psicológicas y condiciones físicas. Los perros peligrosos destinados al ataque, además, no podrá subirse al transporte público ni acceder a espacios comunitarios.

El borrador con el que trabaja la concejalía de Bienestar Animal está por ahora en una fase muy incipiente y repite, en gran parte, la normativa vigente de 2011. Se plantea añadir, sin embargo, dos nuevos capítulos, uno para los citados perros peligrosos y otro para la labor de voluntariado en entidades animalistas, una figura que, según el colectivo implicado, estaba inmerso en un "vacío legal" que sí está regulado en otras ciudades del país.

Por ahora, lo que se plantea en el borrador es crear oficialmente esta figura de voluntario, que tendrá que suscribir un acuerdo formal con el Ayuntamiento y por el que se compromete realizar tareas sin compensación económica, ser mayor de edad –o mayor de 16 años con consentimiento paterno– y no tener antecedentes por maltrato animal ni por delitos contra la libertad sexual ni explotación de menores. Estos voluntarios deberán también cumplir con un itinerario formativo y podrán ser expulsados en caso de incumplir con sus horarios establecidos o vulnerar indicaciones de sus monitores. A cambio, el Ayuntamiento se compromete a crear una bolsa de voluntariado adscrito al Centro de Depósito de Animales de Serín y proteger a estos altruistas con pólizas de seguros para casos de accidentes y enfermedad. Se propone que los voluntarios no puedan trabajar con perros peligrosos, acceder a datos personales de dueños de mascotas ni realizar tareas en entornos en cuarentena ni relacionadas con la dispensación de fármacos ni otras labores veterinarias.

En cuanto a los perros potencialmente peligrosos, el borrador de la nueva ordenanza se remite a la normativa vigente a nivel regional, que define a los PPP a los pit bull terrier, los staffordshire bull terrier, los american staffordshire terrier, los rottweiler, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu y akita inu, así como a cualquier cruce de estas razas. La licencia administrativa para la tenencia de estos perros dependerá del Ayuntamiento y establece los requisitos habituales: que el dueño sea mayor de edad, que no tenga antecedentes penales –en concreto, por delitos de homicidio o torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, contra la libertad sexual y la salud pública, de asociación con banda armada o de narcotráfico– ni haya sido sancionado previamente por algún incidente con este tipo de mascotas. El propietario debe demostrar que ha superado exámenes de aptitud psicológica y condiciones físicas y tener un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y por un importe no inferior a 120.000 euros. Deberá abonar, también, la tasa municipal para la expedición de esta licencia, con un importe que aún no se ha dado a conocer.

La tenencia de este tipo de perros aparece mejor reflejada ahora en el borrador de ordenanza porque la idea del gobierno local es crear un censo específico y municipal de los PPP. En los últimos registros, en Gijón hay 36.736 perros censados y, de ellos, unos 1.420 son ejemplares potencialmente peligrosos. Ese listado busca incluir, también, a perros no censados en la ciudad porque sus dueños no están empadronados, pero la idea de Bienestar Animal es obligar a estos propietarios a notificar su presencia en Gijón con su PPP si su estancia se prolonga durante más de tres meses.

El censo tendrá que aclarar si el animal está destinado simplemente para convivir con sus dueños o si ha sido entrenado para labores de guarda, protección y ataque. Y para estos últimos se plantean más restricciones, entre ellas no acceder a transporte público ni a áreas colectivas de comunidades de vecinos. En casas privadas, tendrán que estar siempre en espacios cerrados o vallados.

El resto del borrador, más allá de estas dos modificaciones, se basa en la ordenanza ahora vigente punto por punto, pero añade o endurece varias de las sanciones previstas hasta ahora. Se consideraba ya infracción muy grave –con multas de desde 1.501 y hasta 3.000 euros– incitar a los animales a atacarse entre sí y acumular tres infracciones graves, pero ahora se incluyen tres: adiestrar a perros potencialmente peligrosos para fomentar su agresividad, que criadores de este tipo de perros incumplan su propia normativa y el ataque o daño a cualquier colonia felina. Esto último busca paliar los varios casos de vandalismo en casetas de colonias registradas en los últimos años. Llevar suelto a un PPP será falta grave, con entre 751 y hasta 1.500 euros, y se crean varias infracciones leves con hasta 750 euros de multa: dejar sola a cualquier mascota durante más de dos días (en la anterior ordenanza eran tres), dejarlas solas en un coche durante más de dos horas (el límite antes era cuatro) y no diluir los orines del animal, ya que en la ordenanza vigente solo se regula la recogida de excrementos.

El borrador es susceptible de modificaciones y las entidades animalistas estudian ahora solicitar que se incluyan protocolos de actuación por envenenamientos en espacios públicos y exigir el vallado de parques de perros para evitar accidentes, entre otras sugerencias.

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