La falta de interés de las firmas del sector vuelve a retrasar el plan especial del Muro

El gobierno local sigue firme en su idea de contratar la redacción de un nuevo plan especial del Muro que fije las condiciones de la futura reforma integral de ese espacio simbólico para la ciudad. Y de hacerlo cuanto antes. El problema es que no está encontrando receptividad entre las empresas que se dedican a este tipo de trabajos, lo que complica las cosas y demora los plazos. Tras considerar primero que no era necesario –y después de que una sentencia judicial obligara a eliminar el "cascayu" como espacio peatonal para recuperar el doble sentido de circulación–el gobierno de Ana González optó por plantearse un nuevo plan especial para la zona como vía para garantizar una reforma integral y blindarla. Las condiciones del plan especial vigente desde 2004 hacían inviable muchos de los cambios sugeridos, explicaron desde el gobierno.

Pero parece que encontrar alguien que quiera diseñar el Muro del futuro no es tan sencillo como pueda parecer. El disgusto inicial con este asunto se vivió en el Ayuntamiento a principios del mes pasado cuando, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la licitación abierta en septiembre para ese contrato tuvo que declararse desierta al no recibirse ni una sola oferta. Para agilizar los trámites, el gobierno municipal decidió inmediatamente no ir a una segunda licitación abierta para el mismo contrato y optar por un sistema negociado sin publicidad donde se invita directamente a varias empresas a presentar ofertas para que la administración opte por la que considere más idónea.

Pero desde las áreas municipales de Urbanismo y Obras Públicas, lideradas por Loli Patón y Olmo Ron y que son las implicadas en este operativo, no se quiere poner el procedimiento en marcha sin la garantía de que va a tener éxito y, por ahora, esa garantía no existe. Se han establecido contactos con empresas del sector pero, hasta el momento, ninguna ha confirmado con rotundidad estar dispuesta a asumir la redacción del plan.

Los contactos continúan pero el fin de 2022 está a la vuelta de la esquina. Y con él se acerca más el proceso electoral que puede conllevar un cambio en los equilibrios políticos del Ayuntamiento. Hay que recordar que buena parte de la oposición municipal, tras el fallido contrato de noviembre, pidió públicamente al gobierno que renunciase a fijar ahora la propuesta de reforma del Muro en base a unos criterios de ampliación de espacios verdes y, sobre todo, peatonalización que no todos los grupos comparten. Su petición es que fuese la próxima Corporación quien impulsase el proyecto del Muro en base a un fuerte consenso político y social.

Estos contactos con las empresas están sirviendo al Ayuntamiento para intentar perfilar las condiciones del contrato de cara a hacerlo más atractivo. Los técnicos municipales no creen, en principio, que el problema sea el dinero. El contrato inicial, fijado en una resolución de Alcaldía del 29 de septiembre, establecía como trabajos a desarrollar la modificación del Plan General y del Plan especial para el tratamiento de la fachada marítima del Muro de San Lorenzo y la redacción del proyecto de urbanización con la obtención del certificado de sostenibilidad. El contrato se estableció con una duración de tres años para el desarrollo de sus siete fases.

El presupuesto base de licitación fue de 166.980 euros (IVA incluido). De cara a su consignación presupuestaria se desglosó en 110.206,80 euros para el año 2023 y 41.745 para el año 2024.

Un paseo con coches en el polémico "cascayu" y que sigue enredado en una trama judicial

La falta de un plan especial nuevo no es el único enredo que tiene que deshacerse para hacer realidad el Muro del futuro. El paseo también está a la espera de respuestas en el ámbito judicial. La asociación StopMuro llevó al juzgado el "cascayu" y ganó en primera instancia. Ese triunfó conllevó dos cosas. Una que el Ayuntamiento tuvo que abrir el tráfico el espacio ordenándolo para que haya circulación en los dos sentidos manteniendo los tránsitos ciclista y peatonal. Una ordenación que no ha gustado a casi nadie. Y otra, que ese mismo Ayuntamiento recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El gobierno municipal siempre ha defendido que el desarrollo del "cascayu" estuvo motivado por la necesidad de generar espacios públicos que garantizasen la distancia de seguridad durante la pandemia. Que fue algo "excepcional y provisional". El recurso se presentó en abril. El mismo mes en que el "cascayu" caía por orden judicial, el gobierno presentó el anteproyecto de reforma del Muro en que venía trabajando desde hacía meses. Un boceto donde el Muro se convierte en un gran eje verde y donde el tráfico está limitado a un solo carril de servicio. Esa es la propuesta de PSOE e IU pero el diseño tiene la flexibilidad suficiente para que, si otro gobierno así lo decide, haya espacio para dos carriles de circulación para los coches. El coste estimado del plan ronda los 16 millones con tres años de obras.

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