El macrojuicio del "caso Musel" arranca con 21 acusados en la Audiencia Nacional 8 años después

El juicio del "caso Musel", en el que 21 ex cargos públicos y directivos empresariales se sientan en el banquillo por el supuesto fraude en torno a las obras de ampliación de El Musel, comienza mañana lunes en una sala de la Audiencia Nacional especialmente habilitada para los macrojuicios, que es la misma en la que se celebró el juicio del "procés".

La instrucción del "caso Musel" comenzó el 8 de enero de 2015, fecha en la que se admitió a trámite las denuncias interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción y por el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (Ocan vinculado a cargos de Podemos), quienes dieron aquel paso tras la investigación que había efectuado la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) respecto a la gran obra portuaria que se ejecutó entre 2005 y 2011, aunque su tramitación administrativa comenzó con anterioridad y la liquidación definitiva de la obra tuvo lugar en 2012. La obra se licitó y adjudicó en 499 millones de euros y se liquidó en 708,7 (más IVA en ambos casos) incluyendo sobrecostes (fundamentalmente al cambiar las canteras previstas para la obra) y actualización de precios tras haber concluido 22 meses después de lo previsto.

La tesis de la fiscalía anticorrupción es que la ampliación de El Musel era innecesaria y la obra sólo beneficiaba a las constructoras, que la licitación de la obra estuvo supuestamente amañada para encargarla a la UTE Dique Torres, la adjudicataria; que las condiciones de la licitación la hacían inviable salvo que de antemano ya se contara con que hubiera sobrecostes; que la oferta seleccionada incumplía las condiciones de la licitación y que se negoció una modificación del contrato al alza en un despacho del Ministerio de Fomento justificándolo en factores sobrevenidos, cuando según el fiscal no eran tales.

Anticorrupción pide tres años de prisión para los cuatro ex cargos públicos y dos para los 17 directivos empresariales por un supuesto delito de fraude, además de inhabilitación para los dos exdirectivos de El Musel acusados por supuestos delitos de prevaricación. Reclama que se condene a Tudela Veguín a pagar 80 millones al considerarla partícipe "a título lucrativo" por los trabajos que le hizo, sin facturárselos, la UTE Dique Torres a cambio de explotar una cantera. También reclama que se indemnice con 8,35 millones de euros a José Prendes, por la expropiación del Alto de Aboño, condenando a la Autoridad Portuaria como responsable civil subsidiario.

La Abogacía del Estado respalda la acusación de Anticorrupción. También acusan José Prendes y la Asociación de Vecinos del Alto Aboño de supuesta prevaricación al expresidente de El Musel. Ocan, que ejerce la acusación popular, no sólo pide condenas por supuestos fraude y prevaricación, sino también acusa de supuesta malversación de caudales públicos (o alternativamente un delito de administración desleal), acusación que podría verse afectada por la reciente modificación legal del delito de malversación.

Las defensas sostienen que no ha habido irregularidades y que lejos de haber connivencia entre los cargos públicos y los empresariales para defraudar, la situación fue la contraria. Además, recalcan que no hubo perjuicio para las arcas públicas, en base a la sentencia del Tribunal de Cuentas que exoneró al expresidente y al exdirector de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, de abonar a las arcas públicas 135,38 millones de euros por los sobrecostes de la obra, que se liquidó en 93 millones de euros menos del presupuesto tras el modificado y que una consultora tasó la ampliación en 92 millones más de lo que se pagó por ella.

La vista oral que comienza mañana en la sala de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), se desarrollará a lo largo de 23 sesiones, la última de las cuales tendrá lugar el 21 de junio. Tras la declaración de los 21 acusados entre el lunes y el jueves de esta semana, están citados a declarar 67 testigos –uno de ellos ya fallecido como es el exconsejero del Puerto Guillermo Quirós– y 20 peritos.

Cuatro de los acusados son antiguos cargos públicos, que en la época de la obra eran presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach; director del Puerto, José Luis Díaz Rato; presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas y secretario general de transportes del Ministerio de Fomento, Fernando Palao Taboada. Los otros 17 era cargos de la UTE Dique Torres, que ejecutó la obra, o de las empresas constructoras que la integraban, Dragados y Drace (ambas del grupo ACS), FCC Construcción, Sato (grupo OHL) y la asturiana Alvargonzález Contratas.

Más de 80 testigos y peritos

La mayoría de los directivos acusados participaron en la reunión en el Ministerio de Fomento el 14 de marzo de 2006 en la que supuestamente se habló sobre los sobrecostes de la obra: los entonces adjunto al presidente de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno acompañado por el director de obra civil de Dragados, José María López Piñol y por el director de participadas de Dragados, Octavio del Real Sánchez; el consejero delegado de OHL, Rafael Martín de Nicolás Cañas acompañado por el director general de Obra Civil Nacional del grupo OHL, Joaquín Jiménez López; el director general de FCC Construcción, Francisco José García Martín acompañado por el subdirector general del Área I de FCC Construcción, Francisco Javier Lázaro Estarta; el gerente de Alvargonzález Contratas, Maximino Gorostiza y el gerente de la UTE, Juan Miguel Pérez Domínguez, que se reunieron con los cuatro ex cargos públicos también acusados.

Los otros directivos acusados son: Ana Isabel Dizy Menéndez y David López Navarrete, exgerentes de la UTE; Luis Jesús Sánchez del Río Fernández de Muniain y Manuel Amaro Martínez, por parte de Dragados; Eloy Domínguez-Adame Bozzano por parte de Drace; Jesús Fernando Pérez de Velasco y Vicente Moscardó Basarás por parte de Sato y Javier Hidalgo González por parte de FCC Construcción.

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