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Una administradora de fincas en Gijón suma seis causas judiciales por quedarse dinero de los vecinos

La acusada, condenada en noviembre, negó ayer haberse apropiado de casi 10.000 euros | Otras comunidades le reclaman 38.000

La acusada, a la derecha de la imagen, en el banquillo, durante la declaración como testigo del presidente de la comunidad de vecinos de la calle La Paz. | Juan Plaza

La administradora de fincas acusada de un delito de apropiación indebida por quedarse supuestamente con casi diez mil euros de una comunidad de vecinos de la calle La Paz, en el barrio de El Llano, negó ayer unos cargos por los que el Ministerio Fiscal y la acusación particular reclaman una condena de tres años de cárcel y la inhabilitación profesional durante el mismo tiempo. Pero esta mujer, Paloma A. V., no es la primera vez que se sienta en el banquillo por hechos de las mismas características. De hecho, ya ha sido condenada a dos años de cárcel por hacerle lo mismo a una comunidad de vecinos de la calle Marcelino González (reconoció los cargos), está a la espera de tres juicios (por vecinos afectados en inmuebles de las calles Juan Alvargonzález, Sahara y Panadés) y tiene otra causa más en fase de instrucción tras ser denunciada por una comunidad de la calle Japón.

En el caso que ayer quedó visto para sentencia, según explicó el presidente de la comunidad, se percataron de las irregularidades a raíz de que se fuese la luz en todo el edificio. Cuando llamaron a la empresa suministradora les informaron que se habían devuelto varios recibos. Lo mismo ocurría con el agua. Así las cosas, los afectados comenzaron a indagar y consultar los extractos bancarios, descubriendo que faltaba una suma importante de dinero que ascendía a 9.982,40 euros. "En mi última reunión con ella le pedí las cuentas y me envió un excel hecho por ella, sin ningún documento", explicó ante el juez. "Tenía barra libre", remató el afectado.

La procesada prestó sus servicios a estos vecinos de la calle La Paz desde el 3 de marzo de 2015 hasta el 28 de octubre de 2021. Cobraba al mes 54,45 euros. Desde aproximadamente abril del 2015 hasta el 28 de octubre de 2021, fecha en la que se acordó el cese de sus servicios, fue cuando comenzaron las operaciones extrañas de dinero. En la vista de ayer también declaró la administradora que contrataron para sustituir a la ahora acusada. "La ley le obliga a darme traslado de toda la documentación, pero se limitó a enviar el libro de actas y una factura de la empresa suministradora de energía", explicó la testigo. "Revisé los cinco años anteriores de las cuentas, pero no justificó ninguno de los gastos", añadió esta nueva administradora, que también desveló ante el juez que no era la primera comunidad de vecinos que llegaba con problemas después de haber tenido contratada a la ahora acusada, al frente de LFC Gestores.

En la misma línea apuntó el perito contratado por la comunidad de la calle La Paz para auditar las cuentas. "Ya he visto reflejado lo mismo en otras comunidades de vecinos", apuntó este hombre en referencia a la acusada. Además de ratificarse en su informe quiso matizar que estaba hecho con la documentación que le fue aportada, sin perjuicio que el dinero que él detectó sin justificar pudiera varias si luego aparecieran facturas que acreditasen otros pagos. El por qué de esta consideración radica en que la abogada defensora aportó una factura de alrededor de 3.000 euros de unas obras que se habían llevado a cabo en el tejado del edificio de la calle La Paz y que presuntamente abonó la acusada.

La procesada, por su parte, negó los cargos y argumentó que todo se debió a errores en la tramitación. En la sesión, tanto la fiscal como la acusación particular, representada por el abogado Rafael Felgueroso, mantuvieron su petición de tres años de cárcel, inhabilitación durante el tiempo de condena y la devolución de los 9.982,40 euros a la comunidad. Por su parte, la defensa solicitó la libre absolución y, subsidiariamente, que se tuviera en cuenta el pago de las obras del tejado para minimizar la responsabilidad civil en caso de condena.

Y mientras Paloma A. V. espera por esa sentencia, hay otras cuatro comunidades que esperan justicia. Los afectados de Juan Alvargonzález le reclaman 17.123,04 euros por un caso en el que afronta otros tres años de cárcel, como desveló LA NUEVA ESPAÑA. Los de la calle Sáhara, por su parte, denunciaron la desaparición de 4.779,04 euros y por ello afronta esta mujer otro año y medio de cárcel. Y los de la calle Panadés le reclaman 6.136,65 euros y el fiscal solicita dos años de cárcel. Además, el caso de la calle Japón está en fase de instrucción. En total, a los dos años de condena por su primera causa suma otros nueve años y medio de cárcel. El dinero que le reclaman, por su parte, asciende a más de 38.000 euros.

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