Alto voltaje por la zona rural: así estalló el conflicto entre el Ayuntamiento y los vecinos

El intenso cruce de acusaciones entre la alcaldesa, Ana González, y los vecinos de la zona rural ha desatado esta semana dos conflictos de forma paralela. El primero, el definitivo divorcio entre las 25 parroquias de Gijón y la mayoría del gobierno local, una relación ya deteriorada a la lo largo del mandato. Y el segundo, un nuevo desacuerdo público entre la Regidora y el concejal de Zona Rural y Deportes, José Ramón Tuero, que se posicionó abiertamente a favor de las críticas vecinales por la falta de inversiones para las parroquias en el proyecto presupuestario de 2023 durante una reunión mantenida el miércoles.

Ayer se escribió un nuevo capítulo. Y no precisamente para bajar las pulsaciones. Las críticas se recrudecieron en una reunión extraordinaria convocada por la Federación de asociaciones de vecinos de la zona rural "Les Caseríes" para rechazar las acusaciones de la Alcaldesa, quien achacó a estas asociaciones vecinales de abanderar una "actitud victimista y partidista", al considerar que suponen "despreciar" a la zona rural gijonesa. "La señora Alcaldesa presenta como ‘logros’ viejas reivindicaciones no atendidas por dejadez y de exclusiva competencia municipal como interlocutor o ejecutor", criticaron los residentes a través de un comunicado firmado en nombra del presidente de la Federación "Les Caseríes", Miguel Llanos. Descartan, por el momento, realizar movilizaciones y prefieren esperar al cambio de gobierno en mayo.

Todo empezó el miércoles con la reunión del consejo de Distrito de la zona rural, cuando los representantes vecinales se reunieron con el concejal del ramo, José Ramon Tuero. En el encuentro, tildaron de "desfachatez" la nula inversión prevista para las parroquias al no destinar el borrador ninguna cantidad de manera directa y tampoco reservar una partida para las obras de distrito al estar pendientes las de 2022. Además, hubo quejas por los apagones y fallos en las nuevas luminarias. Ante la primera crítica, Tuero mostró su disconformidad con la decisión del gobierno local y se puso del lado vecinal, mientras que pidió paciencia en el caso de los contratiempos con las luminarias, que achacó a un problema con una de las piezas y la falta de stock.

La reacción de la Alcaldesa al día siguiente, en cambio, fue bien diferente. Achacó a los líderes vecinales una "actitud victimista y partidista" y pidió "valorar todo en justicia" porque "no se puede negar la realidad". Puso varios ejemplos para defender su postura, como la instalación de 10.600 luminarias, la firma de un convenio con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para el mantenimiento de los ríos o la llegada de la fibra óptica, entre otros. "Todo de lo que hablo es dinero", insistió la regidora socialista, quien adelantó que "habrá más planes de empleo para arreglos de caminos, el contrato de conservación viaria incluye por primera vez la zona rural y desde el principio se planteó la incorporación de remanentes específicamente para el ámbito rural".

Eso provocó una réplica de los vecinos, que elevaron sus críticas: "No reconocer los errores es un acto de prepotencia y de una actitud poco digna para representa a la ciudad. La zona rural también es Gijón y merecemos el mismo trato que el resto del municipio". Recordaron que la instalación de la fibra óptica fue impulsada por la Federación "Les Caseríes", reiteraron que el Ayuntamiento es el único que puede mediar con la Confederación Hidrográfica y recordaron que, para la instalación de luminarias, "no fuimos consulados y se ha decidido sustituir en vez de dotar de una mayor cantidad a los viales". "El problema de los robos se demoró seis meses por dejadez del Ayuntamiento. La Alcaldesa expone sus ‘logros’ obviando el día a día en saneamiento, movilidad, mantenimiento y conservación. Son obras aprobadas en 2019 pendientes de ejecución. Todo por falta de presupuesto, cuando sí se consiguió para el ‘cascayu’ o la avenida de El Molinón".

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