Un testigo relata el intento del Puerto de colar los sobrecostes de El Musel a la UE

El exsubdirector de auditoría de Puertos del Estado y exconsejero de la Autoridad Portuaria de Gijón, Rolando Lago Cuervo, fue el primer testigo en declarar ayer en el juicio del "caso Musel", en la Audiencia Nacional, donde señaló que la Autoridad Portuaria de Gijón había intentado financiar con fondos europeos los sobrecostes de la ampliación portuaria –que en su mayoría se debieron a un aumento de los precios de la piedra– presentándolos a la Comisión Europea como una segunda fase de la obra de ampliación, dando marcha atrás a continuación y renunciando a esa vía de financiación, optando por hacer un modificado del proyecto que fue financiado con un préstamo de Puertos del Estado de 215 millones de euros. Lago recordó que la UE ha revocado los 247,5 millones de euros de fondos de cohesión que había concedido para la obra de El Musel y aludió a las objeciones que puso el Tribunal de Cuentas Europeo a la obra de ampliación, "en relación con el hecho de que el modificado podía contaminar el contrato principal".

Lago, ya jubilado, dio unas pinceladas, pero no fue más preciso en su alusión al informe de 2008 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la ampliación de El Musel, en el que consideraba que el incremento de los precios de la piedra iba contra lo establecido en el contrato original y lo consideraba una falta de transparencia en el procedimiento de licitación y adjudicación de la obra. Además, dio a entender que el Puerto gijonés intentó hacer pasar por una segunda fase del proyecto los sobrecostes de la obra porque "la Comisión Europea ya en 2004 estableció que los modificados no podían ser financiados con fondos comunitarios, entonces, cuando se inició este problema, presentó el proyecto como una fase 2". También explicó que el modificado se aprobó técnicamente en 2007 pero condicionado a la aprobación económica "porque no estaban los recursos para financiar ese modificado". Respecto al crédito que concedió Puertos del Estado a El Musel para afrontar los sobrecostes, señaló, a pregunta de Puertos del Estado, que no era una práctica habitual y que sólo se sido en dos casos, en las ampliaciones de El Musel y del puerto de La Coruña.

Rolando Lago era conocedor del informe del Tribunal de Cuentas Europeo porque su departamento recibía los informes externos de auditoría a los puertos, señalando que no recordaba que hubiera habido otras objeciones a la obra de ampliación. La misma también se vio sometida a auditorías operativas de la IGAE y sus cuentas fueron fiscalizadas pro el Tribunal de Cuentas español, que recientemente dictó una sentencia no apreciando responsabilidades contables por los sobrecostes de la ampliación, fallando a favor del expresidente y el exdirector de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, a quienes Fiscalía y Abogacía del Estado reclamaban 135 millones de euros.

Lago también aludió a la decisión de la UE de revocar la subvención a la obra: "la Comisión Europea ha pedido que se reintegren los fondos. El tema está parado, yo creo que en la autoridad de gestión, el Ministerio de Economía y Hacienda", señaló respecto a la devolución de los 198 millones de euros que ya había pagado Bruselas, que ha retenido el abono de los 49,5 millones restantes de la subvención.

En cuanto a la adjudicación de la obra y la aprobación del modificado del proyecto en el Consejo de Administración del Puerto, señaló que el Abogado del Estado no puso objeciones y en cuanto a su participación en la última reunión de la mesa de adjudicación de la obra señaló que "yo no fui consciente de que hubiera ninguna irregularidad" en la propuesta de la comisión técnica.

En la vista de ayer también declararon otros dos testigos sobre las vicisitudes en torno a la cantera de Aboño. Uno de ellos el arquitecto Alfredo Álvarez Suárez del Villar, cuya familia es propietaria de una parte de la cantera, que relató al tribunal sus reiterados intentos de ofrecer la piedra a la Autoridad Portuaria y a la UTE Dique Torres a un euro por tonelada (unos 2,5 euros por metro cúbico), cuando en 2005 ya tenía los permisos de explotación de su cantera, la más próxima al Puerto.

Hidrocantábrico

Suárez del Villar aseguró que trató de mediar entre él y el gerente de la UTE Dique Torres (la que amplió el Musel) el entonces Director General de Minería del Principado, Jesús Manuel Muñiz Castro "en 2006, a finales del gobierno de Tini Areces". Sobre la cantera de Aboño también declaró como testigo Joaquín Coronado Galdós, exconsejero delegado de Hidroeléctrica del Cantábrico entre 2002 y enero de 2005, quien fue uno de los investigados durante la instrucción de la causa, que se acabó archivando contra él. Ayer como testigo estaba obligado a decir la verdad.

Coronado fue quien firmó en 2004 el acuerdo de intenciones entre la Autoridad Portuaria de Gijón e Hidrocantábrico para que ésta pusiera a disposición de los licitadores de la obra la cantera de Aboño, cuya explotación además pasa por terrenos de HC. Coronado señaló que él se limitó a firmar el documento pero no intervino en la negociación y defendió que HC pusiera como salvaguarda que la explotación de la cantera estaba "supeditada a la actividad de la central". Al igual que dijo durante la instrucción de la causa, la cantera llevaba mucho tiempo sin explotar, no tenía interés su explotación para HC, que planeaba por entonces sustituir uno de sus grupos térmicos de carbón por un ciclo combinado, y señaló que uno de los problemas para la explotación de la cantera era un gasómetro de la central, visible y existente desde hacía muchos años. En cuanto a la planta desulfuradora cuya construcción HC también alegó al parecer en su día, señaló que cuando se firmó el acuerdo de intenciones no se sabía dónde iba a ir ubicada exactamente.

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