Las etiquetas y las restricciones de la ORA en Gijón siguen de momento: el Ayuntamiento estudia si presentar recurso a la sentencia que ha tumbado la ordenanza de movilidad

Los servicios jurídicos de la Casa Consistorial los pasos a dar de cara a presentar casación en el Supremo | a normativa sigue vigente a falta de un fallo firme

Una conductora muestra un mensaje en su móvil que le prohíbe estacionar en la zona ORA, en la plazuela de San Miguel. | Juan Plaza

Una conductora muestra un mensaje en su móvil que le prohíbe estacionar en la zona ORA, en la plazuela de San Miguel. | Juan Plaza / R. Valle

Una doble sentencia del Tribunal Superior de Justicia –en respuesta a los recursos presentados de manera independiente por los ediles del grupo municipal de Foro Jesús Martínez Salvador, Pelayo Barcia y Montserrat López Moro; y por el presidente del PP local, Pablo González– acaba de anular, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, la ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento por carecer de una correcta memoria económica. Se trata de un nuevo varapalo judicial para el gobierno del PSOE e IU que lidera Ana González, tras sacar adelante la asociación StopMuro en los Juzgados la eliminación del "cascayu" del Muro y conseguir dos primeros fallos a favor el Grupo Covadonga en su pugna contra la renaturalización del río Piles.

A partir de la irregularidad formal de la falta de una memoria económica correcta los magistrados María José Margareto (presidenta), Jorge Germán Rubiera, Luis Alberto Gómez, José Ramón Chaves y Daniel Prieto estiman, sin entrar a valorar el resto de los argumentos ni las cuestiones de fondo de la ordenanza, los recursos contencioso-administrativos interpuestos por Foro y el PP contra el acuerdo de Pleno de 24 de marzo de 2021 que dio la aprobación definitiva a esa ordenanza. Ese acuerdo salió adelante con los votos del PSOE e IU como socios de gobierno y el apoyo de los ediles de Ciudadanos y Podemos.

Que no se haya entrado en el fondo del asunto es uno de los elementos que se están teniendo más en cuenta en el Ayuntamiento de cara a tomar una decisión de futuro. Los servicios jurídicos municipales estudian la sentencia y consultan jurisprudencia, de cara a decidir si se presenta un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Mientras no haya fallo firme siguen vigentes las medidas de la ordenanza. Entre ellas, las que generaron mayor impacto y crítica social y política como la prohibición de aparcar en la zona ORA para los vehículos que carecen de distintivo ambiental y la obligación, para los vehículos que si lo tienen, de exhibirlo para poder circular por la ciudad.

Los jueces consideran que ni el informe de análisis de impacto desarrollado en enero de 2020, donde se habla de la imposibilidad de determinar con detalle las afecciones económicas de la ordenanza, ni un nuevo informe elaborado en febrero, después de que la Intervención General pusiese de relieve la ausencia de la memoria económica y donde se cuantifican en 322.275 euros los costes directos a corto plazo para el Ayuntamiento, cumplen con los requisitos que a una memoria económica de este tipo le fija la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El fallo judicial habla de "afirmaciones huérfanas de justificación concreta" en esas explicaciones y ponen en duda la "cualificación profesional" del director general de Medio Ambiente y el jefe de servicio de Tráfico para emitir un informe de este tipo. Entre las carencias, y basándose en sentencias de Madrid y Barcelona, está definir el coste para particulares y profesionales en lo que tiene que ver con la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE).

Suscríbete para seguir leyendo