La zona de bajas emisiones de La Calzada sigue adelante pese al fallo de la ordenanza

La nebulosa jurídica que envuelve a la ordenanza de Movilidad tras su anulación inicial –recurrida ante el Supremo– no afectará al impulso de las zonas de bajas emisiones a desarrollar en Gijón. Dos según las directrices del plan de Movilidad Sostenible: la de La Calzada y la de la zona Centro. La obligación legal en España de tener este tipo de zonas en ciudades de más de 50.000 habitantes y problemas de contaminación y los compromisos económicos adquiridos con Europa, de donde sale la financiación para el desarrollo operativo de la ZBE de La Calzada, comprometen al Ayuntamiento de Gijón, sostienen fuentes municipales. Tanto al actual equipo de gobierno como al que salda de las próximas elecciones.

Las zonas de bajas emisiones conllevan, en mayor o menor medida, niveles de restricción para los vehículos más contaminantes, que son los que carecen de etiquetas ambientales. Y a los que también afecta la prohibición de no poder aparcar en la zona ORA desde el pasado mes de abril en base a la aplicación de la ordenanza de Movilidad motivo de litigio. La elección de La Calzada como primera ZBE tiene que ver con su especial problema de polución.

Motores con ilusión renovada

De los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia salen los 848.000 euros, un millón si se le suman los impuestos, del contrato que para la puesta en funcionamiento de la zona de La Calzada está ahora mismo en la fase final de su licitación. Un contrato que se organiza en tres lotes y que fija la fecha final de la ejecución de los trabajos en noviembre de este año. La ley impone a Gijón tener una ZBE en 2023 y el compromiso temporal impuesto desde Europa afianza esa fecha.

Los tres lotes del contrato dan cobertura a las necesidades técnicas y normativa de la actuación. El lote 1 establece el núcleo de control de la zona con el reparto de cámaras de reconocimiento de matrículas para control de accesos, cámaras de conteo y control de aforos, sensores de aparcamiento para plazas de carga y descarga, plazas para personas con movilidad reducida y plazas de recarga de vehículo eléctrico, así como la plataforma y aplicación móvil para la gestión de la zona y los paneles informativos. El lote 2 tiene que ver con la compra de sensores de calidad del aire y de sonómetros y a través del lote 3 se contrata el asesoramiento para el desarrollo del proyecto de la zona y de la ordenanza que debe darle amparo.

Un proyecto que debe cumplir con los requisitos de diagnóstico y justificaciones que para el desarrollo de zonas de bajas emisiones se fijaron en un real decreto aprobado el 28 de diciembre en el Consejo de Ministros. Y que no son pocos. Para empezar el proyecto de zona de bajas emisiones debe establecer objetivos cuantificables en cuanto a mejora de calidad del aire, calidad acústica, cambio a modos de transporte más sostenibles y promoción de la eficiencia energética en el uso de los medios de transportes. Objetivos cuyo cumplimiento se debe revisar en tres años.

También se debe justificar la delimitación de la zona, evitando que el problema de contaminación se traslade a un espacio adyacente. Eso sí, se abre la puerta a incorporar zonas de especial sensibilidad en entornos escolares, hospitalarios o sociosanitarios. El proyecto de zona de bajas emisiones tiene que pasar un proceso de información pública.

El nivel de restricciones será distinto para cada zona de bajas emisiones. En el caso de Gijón los actuales responsables de Movilidad siempre han defendido una regulación distinta para la ZBE de La Calzada y el Centro, atendiendo a las peculiaridades de su movilidad y de su población. De hecho se puede llegar a entender que la actual prohibición de aparcar sin etiqueta en la zona azul convierte ese espacio ya en una zona de bajas emisiones y a la ORA en una ORA ambiental.

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