El fiscal pide un careo entre Abando y un exdirectivo de Ferrovial por el "caso Musel"

Un careo entre el expresidente del Puerto de Avilés Raimundo Abando con Joaquín Ayuso, exdirectivo de Ferrovial, para aclarar si éste último le contó al primero que las obras de ampliación de El Musel ya estaban adjudicadas de antemano a la UTE Dique Torres antes de que hubiese finalizado el proceso de concurso. La Fiscalía Anticorrupción formalizó ayer esta petición ante la Audiencia Nacional durante una nueva sesión del macrojuicio por el "caso Musel" y que contó con la intervención de Ayuso, que no solo negó haber hablado de posible prevaricación en la obra con el expresidente portuario avilesino, sino que aseguró que él no supo que la ampliación estaba dando problemas hasta que lo citaron a testificar. El fiscal, viendo que los dos testigos se mantienen en las versiones que aportaron en la fase de instrucción del caso, solicitó un careo entre ambos para tratar de averiguar cuál de los dos miente. Además, un directivo de Hidroeléctrica del Cantábrico (HC), Marcos Antuña, aseguró que la UTE sí sabía del proyecto de la compañía para abrir una planta desulfuradora, entre otras cosas, "porque ya había salido en el BOE", y aseguró que hubo "presiones" para poner en marcha la cantera de Aboño como fuente de material para la gran ampliación.

Antuña explicó que, aunque él no hablaría de chantaje, sí considera que hubo "medidas de presión" para que la cantera de Aboño se destinase a la ampliación del Puerto. Negó, como ya había hecho en fase de instrucción, que HC hubiese "dado largas" a la UTE Dique Torres para explotar su cantera por intereses "desconocidos", en este caso, poner en marcha una planta desulfuradora en terrenos próximos a la zona a explotar. El testigo señaló que el proyecto de la desulfuradora no podía ser secreto porque ya había salido publicado en el BOE y se desligó del acuerdo de intenciones que HC rubricó con el Puerto para manifestar su disponibilidad a facilitar la explotación de la cantera. Antuña, que en aquel momento era director de proyectos, explicó que fue el consejero delegado de su empresa quien accedió a firmar el documento tras acordarlo con José Luis Díaz Rato, entonces director del Puerto y uno de los acusados en la causa. "Él mandaba y no había mucho más que hablar", señaló Antuña sobre Joaquín Coronado.

El careo solicitado por la Fiscalía responde a la rotundidad con la que Joaquín Ayuso desmintió ayer las declaraciones de Abando, que declaró como testigo a inicios de mes, y que aseguró que había sido él quien le contó que la adjudicación de la ampliación de El Musel ya estaba asignada para la UTE Dique Torres antes de que el proceso de concurso público hubiese terminado. Abando, de hecho, señaló que a raíz de lo comentado por Ayuso él entendía que el "caso Musel" era consecutivo de "un delito de prevaricación claro, de libro". El de Ferrovial se ratificó ahora en su versión, que es completamente opuesta. "A mí no me comentó nada personalmente", señaló en referencia a Abando, con quien no recuerda "ni haber hablado de presupuesto ni de nada". De hecho, aseguró que supo del "caso Musel" cuando se le citó a declarar. El Tribunal decidirá si resulta necesario celebrar este careo.

La otra declaración principal de la jornada de ayer fue la de Manuel Ángel Riego, exalcalde de Carreño, que llegó a estar investigado en la fase de instrucción porque la Fiscalía creía que había "contradicciones" en su posición como miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Carreño acordó en Pleno suspender las licencias de usos de canteras en el entorno de Alto Aboño. Riego explicó que, como Consistorio, tuvieron constancia de que se estaban realizando "sondeos sin licencia" fuera de la cantera en uso de Aboño y que hubo un acuerdo plenario que acordó esa suspensión, de carácter "provisional". Y que se cumplió "sin que nadie presentase alegación alguna".

Riego dio también explicaciones por la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Carreño contra la modificación de plan de usos del Puerto para incorporar 32 hectáreas del Alto Aboño. "Por el simple hecho de ampliar nadie estaba en contra, simplemente creíamos que se necesitaba un estudio. Lo peleamos hasta el final", señaló. Dijo que no le constaban que se hubiesen presentado quejas vecinales contra el desmonte del Alto Aboño y que desconocía si se usó material de esta zona para la ampliación. Defendió que todas las actuaciones del Ayuntamiento de Carreño se hicieron "de acuerdo a la legalidad". Además, como miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria gijonesa, aseguró que la alternativa que se aprobó para la ampliación de El Musel no era la que sus integrantes preferían. "Había otra opción que en su día parecía más razonable, pero al final se aprobó la que en su momento impuso el Ministerio de Fomento a través de Puertos del Estado".

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Otro testigo citado ayer fue José Prendes, vecino del Alto Aboño y uno de los afectados por el proceso de expropiación, que acabó echándose a llorar cuando su abogado le preguntó qué sintió cuando vio entrar en sus terrenos a las máquinas excavadoras. Dijo que el entorno es ahora "terreno de xabalíes y basura" y aseguró que un camino de acceso se vio modificado a causa de los movimientos de tierra.

Por último, en la sesión de ayer intervino Fernando Masaveu, presidente del grupo que posee Tudela Veguín, que aseguró que cuando supo que la OLAF solicitaba documentación sobre contratos vinculados a El Musel él dio la orden de "abrir libros y ordenadores" para facilitar las labores. "Nos agradecieron nuestra colaboración y transparencia", aseguró. Las defensas habían pedido también la intervención de Manuel Menéndez, presidente de EDP en España –propietaria de terrenos de Aboño–, pero ayer renunciaron a su declaración. Hoy se celebra una nueva sesión.

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