El PP urge una revisión global de valores catastrales para rebajar la presión fiscal
"Esa falta es una subida de impuestos encubierta", afea Pumariega | Los populares cifran en 51 millones el ahorro con su plan de choque

Ángela Pumariega y Pablo González, ayer, en el Ayuntamiento. / JUAN PLAZA
Ángela Pumariega, concejala del PP y candidata a la Alcaldía, y Pablo González, diputado autonómico y presidente local del partido, unieron ayer sus voces para denunciar el doble castigo que sufren los gijoneses que encaran ahora mismo la elaboración de su declaración de la renta. Un doble castigo que los populares vincularon a la presión fiscal que se impone desde el gobierno del Principado a todos los asturianos sumada a la falta de una revisión de los valores catastrales en la ciudad que no pide el Ayuntamiento. "Es necesario adecuar lo que pagan los gijoneses a la realidad que viven los gijoneses", sentenció González. Y para el PP eso pasa porque el Principado deflacte el IRPF y el Ayuntamiento de Gijón actualice los valores catastrales.
Pumariega criticó que el actual equipo de gobierno no ejecutara la petición realizada por el PP en 2021 de hacer un informe para ver la diferencia entre los valores de referencia, que son los de 2009, y los actuales. Entiende la concejala popular que "hay indicios de que miles de gijoneses pagarán más con un valor del suelo que ha caído un 65%". La situación afecta a quienes tengan una segunda vivienda no alquilada, un local vacío, un trastero o un garaje que no se ubique en la vivienda habitual. "La Agencia Tributaria está cobrando a esos gijoneses un 2% frente al 1,1% de los municipios que, si han revisado este valor catastral, como Oviedo y Avilés. La falta de revisión de valores catastrales por parte del gobierno local es una subida de impuestos encubierta, remató.
La última revisión general se hizo en Gijón en 2009. Pero en 2014, y a petición del gobierno local de Foro, se aplicó una reducción lineal del 22% sin entrar en una nueva ponencia de valores. El compromiso del PP si llega al gobierno local es aclarar ese escenario para buscar la opción que menos castigue a los gijoneses.
Por su parte, Pablo González gijonesizó el impacto del plan de choque fiscal que ha diseñado el PP. Serían 51 millones de los 180 de rebaja fiscal que se estiman para toda Asturias. ¿De dónde salen esos 51 millones? Para empezar, en la enumeración de González, entre las partidas más importantes estarían los 14 millones de rebaja a repartir entre las 90.000 declaraciones del IRPF para rentas de hasta 33.000 euros y otros 10 millones vendrían de la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. El PP también plantea eliminar el recargo del IAE que incluye el Principado y el cobro de impuesto de afecciones medioambientales por el uso del agua para aquellos propietarios que no tengan saneamiento. Serían otros cinco millones más de ahorro fiscal para los gijoneses.
González calcula en ocho millones el ahorro derivado de las deducciones que plantea el PP: de hasta 7.300 euros tanto para familias con mayores dependientes como para familias monoparentales con mayores a su cargo, 5.300 euros deducibles por el cuidado de hijos hasta tres años y la modificación de dos deducciones existentes, los gastos en centros educativos de 0-3 años y gastos de material escolar y libros, d que se ampliarían hasta los 5.300 y 250 euros, respectivamente. El PP también reivindica una reducción del pago para las personas que decidan afincarse en Asturias para poner en marcha un negocio. Es una iniciativa pensada para captar inversiones. "Son 180 millones, en realidad tienen 200, que ya pagamos de más al Principado en 2021 y 2022 y que queremos que se devuelva a los ciudadanos. Aplicar esta rebaja fiscal no merma ningún servicio público", remató el presidente local del PP.
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