La Fundación de Servicios Sociales lleva hoy a su junta rectora una propuesta de acuerdo para imponer a Sacyr, la empresa encargada del servicio de ayuda a domicilio (SAD), una penalización de 52.007 euros tras detectar varias "irregularidades" en su trabajo desde que se hizo adjudicataria de uno de los lotes del servicio en mayo de 2021. La propuesta de sanción, ya con el visto bueno de la asesoría jurídica, se argumenta en la detección de cerca de 60 infracciones por horas de servicio cobradas de más o de menos, varios "cambios continuos" de personal y horarios y servicios suspendidos varios días "sin aviso previo", lo que motivó decenas de quejas por escrito. Desde la fundación esperan poder resolver estos desajustes sin más sanciones.
El informe recoge once tipos de incumplimientos del contrato vigente, si bien muchos se debieron a las bajas inesperadas de empleadas durante la pandemia. Destacan cinco quejas distintas que reprochan "cambios continuos del personal auxiliar" del servicio, también con varias alteraciones de horarios. Constan otras seis reclamaciones por "falta de personal", con interrupciones del servicio –total o parcial– sin notificárselo previamente al usuario. Servicios Sociales registró también errores en el fichaje de horas de las empleadas, y recuerda ahora a la entidad que está obligada por ley a garantizar este derecho laboral de la plantilla.
Otro punto de fricción entre Sacyr y el Ayuntamiento fue la tramitación de altas en el servicio entre agosto y octubre de 2021, cuando se llegaron a acumular 59 servicios sin iniciar pese a que el SAD debe poder activarse en un máximo de 20 horas en casos ordinarios y en menos de 12 en casos considerados urgentes. Algunas familias tuvieron que recurrir a un servicio privado mientras se resolvían estos incidentes. También se han notificado retrasos en la tramitación de mejoras –hay usuarios que sobre la marcha piden detectores de caídas y sensores de movimiento, por ejemplo– y errores de facturación con horas cobradas de más (270,75 en total) y de menos (100). Sumado el listado de infracciones (tipificadas de leves a muy graves), Servicios Sociales salda este informe con la citada penalización de 52.007 euros. De aprobarse hoy, se le notificará a la empresa, que tendrá después cinco días para presentar alegaciones.
