Un letrado gijonés exige 600 euros de indemnización por la suspensión de juicios por las huelgas

El abogado gijonés Mariano Marín Albi, exconcejal del PP en el Ayuntamiento y exdelegado del Gobierno en Asturias, ha puesto una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Justicia por el "funcionamiento anormal de la Administración de Justicia" después de que las diferentes huelgas (primero la de los letrados de la Administración de Justicia y ahora la de funcionarios) hayan provocado la suspensión del mismo juicio de un cliente suyo del turno de oficio en dos ocasiones. Entiende el abogado que este anormal funcionamiento "ha ocasionado un daño que no tiene el deber de soportar" como "desplazamientos innecesarios, tiempos de espera perdidos y esfuerzo desaprovechado de una actividad intelectual previa necesaria para la preparación del asunto encomendado". Por ello, reclama una indemnización de 600 euros.

En su escrito, Mariano Marín explica que asumió el caso de un cliente acusado por un delito de estafa a través del turno de oficio. Tenía señalada la vista oral para el pasado 27 de febrero de este año a las 10.20 horas, en el Juzgado de lo Penal número 2. Minutos antes del inicio del juicio recibió el aviso formal de que se suspendía como consecuencia de la huelga iniciada por los letrados de la Administración de Justicia, que duró más de un mes. Posteriormente, se señaló el juicio en una nueva fecha, en concreto para el pasado martes, día 23 de mayo (casi tres meses después) a las diez menos diez de la mañana.

Pero tampoco a la segunda fue la vencida. "Tras una prudente espera ante la sala de vistas pude constatar que su puerta se encontraba cerrada y que en su interior no se realizaba actividad alguna", señala el letrado de su reclamación. Acudió entonces a la oficina del Juzgado, donde le informaron verbalmente que, de nuevo, se había suspendido. En esta ocasión, a consecuencia de la huelga de funcionarios de Justicia.

A las quejas del abogado gijonés anteriormente descritas se suma que en el futuro existirá un tercer señalamiento al que deberá acudir para defender a su representado, lo que implica una nueva labor para el desempeño de sus labores. Su reclamación, prosigue el documento, se fundamenta en la propia Constitución española, que señala que "los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia darán derecho a una indemnización a cargo del Estado".

Fundamentos

Son varias las conclusiones a las que se ciñe Mariano Marín para explicar el trastorno ocasionado. El primero es que ha padecido un daño individualizado, efectivo, evaluable económicamente y, además, existe relación de causalidad directa entre la actuación judicial y el daño reclamado. También cita el letrado gijonés que el funcionamiento irregular de los últimos meses "no puede ser calificado como de fuerza mayor, ya que el ejercicio del derecho de huelga ha de atemperarse a unos mínimos protocolos que prevean evitar tratar al administrado como un súbdito que tenga obligación de soportar situaciones que van más allá de las lógicas molestias que puedan derivarse de un conflicto laboral". "En este caso, haber previsto la necesidad de emitir un mero aviso previo de las suspensiones de las vistas hubiera sido muy sencillo y no interferiría en modo alguno en el desarrollo o en los fines de la huelga", razona Mariano Martín.

Por último, considera que la reclamación económica es prudente y proporcional, pues en el caso contrario, que el letrado se ausente de un juicio, puede dar lugar a una sanción disciplinaria o incluso una acusación por delito de deslealtad profesional.

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