Felipe de Arriba Ramos, el gijonés de 56 años que cumple prisión preventiva por el crimen del dueño de la inmobiliaria Golden Star, ubicada en Ceares, era una persona "normal" hasta hace varios años. Natural del barrio de Contrueces, casado y padre de dos hijas, se ganaba la vida como carnicero. Todo empezó a cambiar en los años fuertes de la crisis económica que arrancó en 2008, cuando su mujer firmó un crédito con "cláusulas abusivas" –según la versión del ahora preso– concedido por la víctima de este caso que ha conmocionado a toda la ciudad. El procesado, "un tipo majo, callado y discreto", según sus compañeros de oficio, se vio abocado a poner su casa familiar como garantía para ir haciendo frente a sus deudas, pero no fue capaz y, al final, le desahuciaron de su vivienda de Montevil en 2014, se divorció y acabó viviendo en una habitación de un piso compartido con varias personas en la carretera del Obispo. Nadie sabe, por el momento, por qué el pasado miércoles, tantos años después, decidió ajustar cuentas de manera tan brutal con la persona a la que señalaba como responsable de que su vida se desmoronase.
Lo único cierto, según su propia confesión ante el juez instructor, es que utilizó un cuchillo de grandes dimensiones para acabar con la vida de Francisco Javier Rodríguez Tobajas, al que asestó dos certeras puñaladas en el tórax y en el abdomen. Antes de huir, Felipe de Arriba se aseguró de que su víctima, desangrándose, caía al suelo. Desde su arresto, a los pocos minutos del crimen, ya comenzó a explicar, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, que todo venía de un préstamo concedido en el pasado "bajo engaño" y con unas condiciones "abusivas".
El asesino confeso ingresó en la tarde del viernes en el Centro Penitenciario de Asturias por decisión del juez instructor, y de acuerdo con la petición del Ministerio Fiscal, que solicitó la medida provisional ante la gravedad de los hechos (y la elevada pena que conllevaría en caso de condena) además de la existencia de riesgo de fuga. Felipe de Arriba, tras su llegada al módulo de ingresos, ha sido derivado a la enfermería del centro tras el habitual examen de su estado físico y emocional por parte de los sanitarios y trabajadores sociales. No se descarta, al tratarse de un reo no habitual, que se active el protocolo de prevención de suicidios y cuente con un preso de confianza a su lado. Este gijonés, consciente de todo lo ocurrido, se mostró colaborador con los investigadores y el juez. Y hasta está "arrepentido", en palabras de su abogada, por el daño causado tanto a su familia como a la de Rodríguez Tobajas.
Felipe de Arriba tuvo claro su objetivo desde tiempo antes. Cogió un cuchillo de su lugar de trabajo el martes pasado y aprovechó su jornada de descanso en el establecimiento de la calle Uría para perpetrar el crimen. Cuentan los testigos que esperó durante toda la mañana la llegada de Francisco Javier Rodríguez Tobajas, una persona "alegre, vital, sociable y muy familiar" que llevaba las riendas de la inmobiliaria y que en su momento también se especializó en préstamos de capital privado y asesoramiento jurídico. El asesino confeso se escondió detrás de una furgoneta. Su objetivo estacionó en doble fila el coche de empresa, un peugeot blanco, y no lo dudó. Cuando su víctima, acompañado de su hija, se iba a bajar del vehículo, le apuñaló en dos ocasiones. El arma blanca alcanzó el corazón. Nada se podía hacer ya por salvarle.
Manchado con la sangres de su víctima, Felipe de Arriba se deshizo del cuchillo lanzándolo a la residencia del Carmen. Fue detenido por la policía en la confluencia de las calles María Cristina y Duque de Rivas. No opuso resistencia. Mientras, los esfuerzos de los sanitarios por salvarle la vida a Rodríguez Tobajas fueron en vano. La Policía Nacional, con los agentes de la Científica y de la Udev, comenzaron las diligencias para elaborar un exhaustivo atestado para presentar al juez de guardia, el titular de Instrucción 3. En ese extenso documento figuraba la motivación del ataque: su mujer había solicitado un crédito de 3.500 euros. Felipe de Arriba, según su propio relato de los hechos, quiso anularlo al percatarse de las cláusulas que contenía. No le fue posible. Al final, ese préstamo le llevó a desembolsar hasta 37.000 euros: 17.000 para el agente inmobiliario fallecido y otros 20.000 euros a otro prestamista. "Las condiciones eran aberrantes, lo perdió todo", aseguró la abogada defensora después de que su representado pusiera rumbo a la cárcel. En prisión continuará hasta el juicio. En principio, se le juzgará por asesinato.
Investigado por un delito de asesinato, este gijonés se enfrentará a un jurado popular
Sin perjuicio de que la calificación de los hechos cambie a lo largo de la fase de instrucción, Felipe de Arriba será procesado por un delito de asesinato, lo que podría llevar aparejada una pena de hasta veinte años de cárcel. Para ello, debe quedar acreditado que en su acción existió alevosía, pues de lo contrario, el crimen pasaría a encuadrarse dentro de un homicidio, con penas de prisión menos elevadas. En todo caso, y dada la tipología del delito, este carnicero gijonés vecino del barrio de Contrueces se enfrentará a un jurado popular, cuyos miembros deberán pronunciarse sobre lo ocurrido. No obstante, la pena a imponer le corresponde al magistrado de la sección octava que presida. La fase de instrucción puede prolongarse varios meses. El tiempo máximo de estancia en prisión preventiva es de dos años, aunque podría prorrogarse otros dos más si así se precisara en caso de que la investigación judicial se demorase. A pesar de que haya reconocido los hechos, son muchas las diligencias que hay que llevar a cabo y un tribunal del jurado es también complejo y requiere muchas actuaciones judiciales. El último caso de asesinato en Gijón en el que el detenido confesó desde un primer momento llegó a cumplir dos años de prisión provisional. Fue José Manuel Sánchez Merino, que asesinó a su expareja, Lorena Dacuña, en febrero de 2020. Este hombre, por ejemplo, fue juzgado y condenado en abril de 2022. Ese tiempo se resta de la futura condena.
