Gijón pone el freno a las viviendas de uso turístico y suspende la concesión de nuevas licencias

Sorpresa entre los empresarios del sector, que dudan de la eficacia de la medida: "Habrá pisos vacíos; la larga estancia da desconfianza"

El gobierno local decreta una suspensión cautelar a la espera de la regulación definitiva a través del Plan General: "Servirá para contener el problema"

Turistas portando sus maletas por el Muelle y Jardines de la Reina

Turistas portando sus maletas por el Muelle y Jardines de la Reina / Marcos León

Gijón le planta cara a la proliferación de viviendas de uso turístico. El Ayuntamiento notificaba ayer oficialmente la decisión de suspender de manera cautelar la concesión de licencias para este tipo de alojamientos como una alternativa provisional hasta que se concreten las medidas definitivas en el marco del Plan General de Ordenación (PGO). «Servirá para contener el problema hasta articular un plan definitivo que permita un ordenamiento de estas viviendas adaptado a los tiempos y a la realidad de Gijón. Ese plan es algo en lo que tanto Urbanismo como Turismo llevamos meses trabajando», explicó el edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador en una comunicación compartida con la responsable de Turismo, la edil popular Ángela Pumariega.

La intención del gobierno es aprobar ya esta suspensión en el Pleno del próximo miércoles donde se incorporaría el asunto a través de una moción de urgencia. Y es que en el orden del día fijado en la Junta de Portavoces del viernes el único punto referido a estas viviendas era una iniciativa solicitando una serie de actuaciones regulatorias por parte de IU, cuyo portavoz, Javier Suárez Llana, al margen del acuerdo plenario también había pedido una moratoria urgente para frenar más autorizaciones. De hecho, desde el gobierno se achaca a esta petición de Suárez Llana la decisión de adelantar una medida que estaba ya en la operativa del gobierno local, pero se pretendía anunciar a finales de mes en Fitur. «Es de una enorme irresponsabilidad por parte del concejal de IU hacer esas declaraciones tras conocer los planes del gobierno. Demuestra que piensa en su interés político y no en el de los gijoneses, al exponer a la ciudad a una oleada de solicitudes de licencias muy negativa», criticaron desde el gobierno local.

Suárez Llana replicaba ayer que «ya pedimos la moratoria y las medidas regulatorias en septiembre y Foro y PP nos dijeron que no. La irresponsabilidad es no haber hecho esto en septiembre, pero la medida va en la buena dirección y no vamos a hacer de esto una guerra contra el gobierno aunque el gobierno lo pretenda. Valoramos muy positivamente su cambio de posición». Ahora mismo en Gijón hay registradas alrededor de 1.500 viviendas de uso turístico y los expertos estiman que pueda haber otras 600 operando al margen de la legalidad. Una realidad a la que no ha sido ajeno el gobierno local. «Desde el primer día del mandato hemos planteado para Gijón trabajar con el objetivo de un turismo de calidad y, entre otros planteamientos, abordar desde una radiografía actual una hoja de ruta para las VUT. Creemos en un modelo de turismo sostenible y moderno, y eso implica dotar a la ciudad de herramientas a la altura; es lo que vamos a hacer», sentenció Pumariega.

Pero más allá del problema de lo que ya hay está el problema de lo que viene. Solo en el último cuatrimestre de 2023, desde Urbanismo se firmaron 208 comunicaciones ambientales a favor de la apertura de otras tantas viviendas de uso turístico. Ese es el único trámite que depende del Ayuntamiento. Quien quiera dar un uso turístico a una vivienda solo necesita cumplir con este requisito y con una declaración responsable ante el Principado de Asturias.

La proliferación de este tipo de viviendas se ha convertido en un problema importante para los residentes en barrios como Cimadevilla, el Carmen o La Arena. Pero, además, de la afectación concreta en un territorio está el impacto negativo global que se genera sobre el mercado del alquiler ayudando a la subida de precios para estancias largas y la competencia desleal que denuncian los responsables de alojamientos tradicionales que tienen que cumplir con exigencias legales y el pago de impuestos que no sufren los propietarios de viviendas de uso turístico.

El sector, por su parte, ha recibido la noticia con sorpresa. «No creeríamos que tampoco fuese la solución, pero, de aplicarse una medida orientada a frenar el auge turístico, la suspensión de licencias debería aplicarse tanto a plazas de viviendas como a las hoteleras. Eso hubiese sido, al menos, más equitativo», señala Iván Rodríguez, responsable la empresa R2R Consulting Inmobiliario y presidente de la Asociación del Principado de Asturias de Alquiler de Corta Estancia (Casocia), que viene a funcionar como la patronal del gremio. Explica que esa idea de parar ambos tipos de licencias ya se aplicó en San Sebastián, por citar un ejemplo, y le parecería «más justo». Asegura, también, que en general quienes solicitan una nueva licencia para estos alquileres de corta estancia lo hacen porque tienen esas viviendas vacías, y duda de cuál será el impacto de este bloqueo en el parque de vivienda de alquiler de larga estancia. «Mucha gente las necesita para uso particular, para acoger a familiares de visita o por mil motivos, y ese perfil jamás se planteará ponerlas en larga estancia. Otra gente no se quiere arriesgar por una cuestión de inseguridad», asegura, si bien aclara que el sector puede adaptarse a diversos modelos y que quizás parte de estos afectados ofrezcan su piso ahora a estudiantes, que es un perfil de inquilino que genera algo más de confianza.

Julián Acle, de Alquileres Vacacionales Gijón, comparte la valoración de Casocia. «Sabíamos que habría una nueva normativa y que podría implicar cambios, pero no contábamos en absoluto con una suspensión cautelar en este momento. Es extraño», reconoce. Y, si bien tilda de «evidente» la proliferación de este tipo de viviendas, aclara que «no obedece a un interés por este modelo, sino a la ley de alquiler». Lo justifica como Rodríguez: «Un piso turístico da más trabajo y cuenta con mucha más competencia. La gente que opta por ello es porque la larga estancia no le interesa». Teme, además, que la medida deje ahora a propietarios con una inversión a medias. «Mucha gente hace obra y deja la petición de licencia para el final», asegura. «Creo que lo mejor, antes que cortar el grifo de esta manera, hubiese sido que el trabajo empezase por atacar las viviendas ilegales. Eso, o resolver las concesiones pendientes desde hace uno o dos años», completa, por su parte, Silvia Martínez, responsable de Silastur, del mismo sector.

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