Ventas fallidas, movilizaciones ciudadanas y un proyecto social: el incierto destino de Prendes Pando

Una tasación de 11,3 millones para un edificio que se subastó tres veces sin recibir ofertas

El acceso principal del viejo palacio judicial, en Prendes Pando.

El acceso principal del viejo palacio judicial, en Prendes Pando. / Marcos León

Algo más de una década lleva cerrado a cal y canto el edificio del número 1 de la calle Decano Prendes Pando que fuera Palacio de Justicia de la ciudad. Una década en la que su propietario, el Principado de Asturias, intentó vender el edificio sin éxito hasta en tres ocasiones y una década en la que colectivos de la sociedad civil local no dejaron de reivindicarlo como un activo para dar servicio a Gijón y a las necesidades de los gijoneses. Sobre todo, los de la zona centro y sus barrios limítrofes. Esa reivindicación parecía camino de alcanzar el éxito con una propuesta de acuerdo para la cesión del edificio al Ayuntamiento negociada en 2022 y una ayuda de cuatro millones de euros de fondos europeos vinculada a su uso como equipamiento social comprometida en 2023. Pero ahora, el alto coste de la rehabilitación del edificio –entre 15 y 25 millones según las propuestas– hace que el actual equipo de gobierno liderado por Carmen Moriyón, se lo esté pensando.

La vida judicial en Prendes Pando se acabó en 2013. Un año después, y de cara a su venta, el Principado –su titular desde que se le transfieran las competencias de Justicia desde la administración estatal– encargó una tasación que fijó el valor del inmueble en 11,3 millones y se abrieron unas negociaciones con el Ayuntamiento en el marco de un acuerdo para la permuta de varias propiedades. No fructificó el acuerdo así que el viejo palacio judicial saldría a subasta en 2016 por 10,2 millones. Nadie hizo ninguna oferta. Ni dos años después cuando se repitió la operación por 8,6 millones. Ni en 2020 cuando el precio de salida se quedó en 8,3 millones.

Nadie ha querido pagar por el edificio, pero todos lo querían. Un «comité ciudadano» organizado por Podemos visitaba las instalaciones en febrero de 2017 para ver su estado. Entonces la reivindicación era que se abrieran sus puertas para darle un uso provisional que, al tiempo que diese servicio al entramado asociativo de la ciudad, evitase el deterioro del inmueble. Entonces se hablaba de un «rescate ciudadano» de Prendes Pando. No hubo recate, ni ciudadano ni de otro tipo. El edificio siguió cerrado y el Principado siguió adelante con su intención de venderlo.

El recuerdo al doctor Avelino González y su obra marcaron la petición vecinal de cesión gratuita

En abril de 2022 Gijón echaba mano de su historia para pedirle por escrito al presidente del Principado, Adrián Barbón, la reversión a la ciudad del edificio «sin contraprestación alguna». El documento iba acompañado de la rúbrica de los responsables de una veintena de entidades vecinales, culturales, sindicales y sociales y de 150 particulares. Ese listado de firmantes lo encabezó Lourdes Pérez, la nieta del histórico doctor Avelino González. Y es que lo que las asociaciones gijonesas querían poner en valor era que el origen de ese inmueble estaba el proyecto del pediatra de crear un albergue infantil, que fue financiado con donativos de los gijoneses y la singular rifa Pro-Infancia. En 1963 el Ministerio de Justicia, al que pertenecía la Junta de Protección de Menores de Gijón, decidió que el edificio proyectado para la protección de la infancia sería finalmente un juzgado. «El expolio se consumó y en plena dictadura franquista no hubo posibilidad alguna de protesta de la ciudad, que con tanta solidaridad y entusiasmos habían contribuido a su construcción», se lee en el documento enviado a Barbón.

Esa movilización ciudadana daría paso en junio a un acuerdo plenario en el mismo sentido a partir de una iniciativa de la edil popular Ángeles Fernández-Ahúja –ahora concejala de Servicios Sociales– que los entonces socios de gobierno, PSOE e IU, enmendaron para concretar la gratuidad de la cesión y que salió adelante con el voto de todos los grupos municipales. Excepto el concejal no adscrito.

Unos meses después se hacía público un principio de acuerdo para la cesión del inmueble al Ayuntamiento y su conversión en un gran equipamiento social. Sobre la mesa dejaba el equipo de Ana González un borrador de convenio. Al que se sumaba en julio de 2023, ya con un nuevo gobierno en el Ayuntamiento, la publicación en el BOPA del acuerdo de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar que daba una subvención directa al Ayuntamiento de cuatro millones –que salían de fondos europeos– para rehabilitar o construir un edificio «destinado a la promoción de la autonomía y a la participación de personas mayores, la atención a la dependencia y la discapacidad de personas mayores y la prevención de la soledad no deseada». Ese edificio era Prendes Pando.

¿El plan? El Principado cedía el edificio de forma gratuita, ponía ese dinero para las obras de adecuación y se quedaba con una planta para convertirla en sede permanente del centro de día y el centro social de personas mayores ahora en San Agustín. El Ayuntamiento asumía la rehabilitación y distribuía los usos del resto del edificio. A la Fundación Municipal de Servicios Sociales le correspondían los metros necesarios para su unidad de trabajo social de la zona centro, la oficina de atención a personas inmigrantes, la oficina municipal de promoción de la salud, la oficina municipal para la inclusión de las personas con discapacidad y un club social infanto-juvenil. Pero también se ubicaba en Decano Prendes Pando la Casa de Encuentro de las Mujeres, el área de Igualdad y un centro integrado con salón de actos, sala de estudios, zona estancial en el patio central y una cafetería asociada al Centro de Mayores.

Ese es el plan que se había mantenido hasta hace unas fechas y defendido desde Servicios Sociales hasta que otros servicios municipales empezaron a hacer cuentas. Y las cuentas no salían. Hasta 25 millones elevó la propia Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, el coste de la rehabilitación de un edificio que, recordó, no es municipal. Para salvar esa subvención europea se piensa en trasladar el centro de mayores del Principado a la sede que deje vacante la Policía Local en la calle San José. Pero, ¿y Prendes Pando? La izquierda municipal y los vecinos lo tienen claro: Gijón no puede renunciar a los usos públicos que se puedan dar en ese edificio en pleno centro de la ciudad. El dinero no puede ser el problema. Moriyón y su equipo no ven el horizonte tan despejado. «Es un tema difícil», confesó la Alcaldesa. Toca decidir.

Suscríbete para seguir leyendo