Primera multa en Asturias (a un gijonés y de varias decenas de miles de euros) por alquilar a turistas su piso protegido

Un vecino de Nuevo Roces, en Gijón, recibió el pasado mes de agosto la que es la primera multa en Asturias por destinar un piso de protección pública a alquiler vacacional, de manera irregular e incumpliendo la norma que impide que las viviendas protegidas se dediquen a otra cosa que no sea ser primera residencia.

La sanción no fue menor: 58.640,63 euros. El procedimiento sancionador fue iniciado por la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, a raíz de la campaña iniciada este verano para perseguir los fraudes en los pisos turísticos.

La dirección general de Vivienda ha venido desarrollando un plan de inspección para detectar usos fraudulentos en viviendas sometidas a algún régimen de protección. Las indagaciones se iniciaron en las viviendas de alquiler de titularidad del Principado y posteriormente en aquellas viviendas protegidas que contaban con subvención cuando sus propietarios las adquirieron. También desde la consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo se iniciaron inspecciones sobre las licencias para este tipo de alquileres.

"Ese tipo de vivienda debe destinarse a primera vivienda; ni a segunda residencia ni a vivienda vacacional", advirtió el consejero Ovidio Zapico en junio, cuando presentó el plan inspector.

El infractor de Nuevo Roces fue "cazado" porque llegó a solicitar el 2 de febrero del pasado año que se registrase su vivienda como alquiler vacacional, a lo que el Principado le respondió denegándoselo y advirtiéndole que no cumplía los requisitos, dadas las características del piso. En aquella respuesta se le advertía también de que no se permitía la actividad ni podía comercializar la vivienda para usos de alquiler turístico por ningún canal.

Sin embargo, el 24 de junio de 2024, la inspección de Turismo comprobó que el piso se anunciaba en la plataforma Airbnb como "Acogedor piso en Gijón". El precio de alquiler para dos huéspedes entre el 20 de agosto y el 17 de septiembre de ese mismo año ascendía a más de 4.100 euros, de los cuales quedarían para el propietario unos 3.650 euros de forma fraudulenta. La inspección comprobó que existían comentarios de huéspedes anteriores. Toda esa actividad se habría llevado a cabo de forma fraudulenta, sin declaración tributaria ni autorización administrativa para tal fin.

El 1 de julio de 2024 el propietario volvió a presentar una declaración responsable de inicio de actividad que nuevamente resulta rechazada por el Principado y es entonces cuando se comprueba que la vivienda fue declarada protegida en 2019, condición que se mantendría durante 30 años.

Con todo, el propietario volvió a publicitar en Airbnb el piso, momento en el que se decidió iniciar la sanción por una infracción grave. Dado que la vivienda tenía un precio máximo de venta de 234.562,52 euros, la multa supone el 25% de esa cuantía, por lo que ascendió a 58.640,63 euros.

El denunciado se acogió a las cláusulas para lograr una rebaja en la sanción: primero admitió la responsabilidad, lo que rebajó a 46.912,50 euros. Además, abonó la sanción dentro del periodo de pago voluntario, lo que supuso que la multa quedase en 35.184,38 euros, que finalmente acabó pagando el infractor en un solo abono.

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