Una sentencia que afecta al Hospital de Cabueñes

Un retraso en atender una sospecha de cáncer (con graves consecuencias) que le va a salir caro al Sespa: esta es la sentencia

El paciente, que quedó sin vejiga, próstata, riñón y uréter, recibirá 55.000 euros por la gran demora en la cita con el urólogo, pese a verse el riesgo en la ecografía

Un retraso en atender una sospecha de cáncer (con graves consecuencias) que le va a salir caro al Sespa: esta es la sentencia

A. Rubiera / A. Domínguez

A. Rubiera

A. Rubiera

Un paciente gijonés de 65 años, que en la actualidad tiene extirpada la vejiga, la próstata, su riñón izquierdo y el uréter, va a recibir una indemnización de 55.000 euros en compensación por la demora injustificada que sufrió en la atención que le prestó el servicio de Urología del hospital de Cabueñes. Por tardar 287 días en verle el especialista para confirmar lo que una ecografía había apuntado como sospecha: que sufría un cáncer. Esa tardanza ha sido calificada por los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Asturias como una evidente "pérdida de oportunidad" para que el hombre pudiera recibir un mejor tratamiento.

Fue a mediados del 2018 cuando el citado paciente comenzó a tener síntomas que identificó con patología de próstata. Consultó inmediatamente con su médico de cabecera y le trasladó su preocupación "no solo por la trascendencia de las molestias (PSA elevada, clínica prostática, etc)" sino por el hecho de que "su padre había fallecido de un tumor en la vejiga y en la próstata" que se había iniciado con síntomas similares a los suyos. El médico le remitió a una consulta con Urología y pese a la urgencia que sentía el paciente, la cita fue el 11 de abril.

Ese día le realizaron una ecografía y en la misma "ya se vía claramente una masa vesical de 3 centímetros compatible con un tumor maligno", según se recoge en varios informes y se acredita en la sentencia. Pese a esos indicios, el urólogo tardó nueve meses más en verle (hasta enero del 2020) para hacer la prueba diagnóstica definitiva. 287 días de retraso hasta que se comprobó la existencia de células malignas, lo que obligó a programar una cirugía urgente (se practicó en marzo) donde se constataron "lesiones tumorales de gran tamaño que solo pudieron resecarse parcialmente".

El proceso no le fue nada bien al paciente, ya que según se describe en su informe médico a la primera cirugía le siguieron varios ingresos en urgencias, una segunda operación en abril para extirparle la vejiga y la próstata, de nuevo otros ingresos y otra intervención, el 13 de mayo, para extirparle el riñón izquierdo y el uréter. En la actualidad sufre una importante merma en su calidad de vida y desde 2021 tiene una invalidez permanente y absoluta para toda clase de profesión.

En su reclamación al Principado el paciente atribuyó al mal funcionamiento del Servicio de Salud una demora injustificable y también una mala praxis en el abordaje de su problema tumoral, además de considerar que el consentimiento informado no se ajustó a todo lo que se hizo en el quirófano. Pedía, por todo ello, una indemnización de 195.000 euros.

Los diferentes informes presentados en el juicio no permitieron acreditar que hubo mala praxis que llevara a un daño añadido. Pero para el tribunal sí que se puede concluir que "el retraso diagnóstico y de tratamiento (...) ha podido ocasionar una alteración de sus opciones terapéuticas; resulta probable que el tumor que presentaba en abril de 2019 se hubiera podido solucionar sin necesidad de quitar la vejiga y la próstata en un primer término y el riñón y el uréter en un segundo término. A ello hay que añadir la angustia que se asocia al descuido del servicio sanitario en el abordaje de una patología grave y la zozobra inherente a la incertidumbre sobre su estado de salud y su recuperación, debiendo tener en cuenta el daño moral y la pérdida de calidad de vida".

El TSJA eleva hasta los 55.000 euros la indemnización que estaba dispuesta a aportar la Consejería de Salud (que era de 15.000 euros), ya que antes de esta sentencia hubo un pronunciamiento del Consejo Consultivo del Principado donde también hacía hincapié en "la evidente e inexcusable demora", que calificó de "alarmante". Añadiendo que "los informes no permiten descartar que tal retraso haya supuesto un cambio en la evolución de la enfermedad, o haya resultado determinante en la pérdida de órganos".

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