Gijón, la última estación en el duelo de la familia de Antonio García

Familiares de fallecidos en residencias de mayores de Madrid durante la primera ola de la pandemia de coronavirus han empezado a trasladar sus relatos a la Fiscalía de Madrid. Entre los que cuentan "la película de terror" y "la desesperación" que vivieron en los días más complicados de propagación del covid, cuando no tenían acceso a sus familiares, sabían de los contagios masivos en los geriátricos, y apenas conseguían que se les hiciera partícipes de lo que estaba sucediendo; hasta la notificación de las muertes les llegaban casi de tapadillo. Unas dolorosas situaciones por las que están expresado su deseo de que "paguen los que tengan que pagar por el abandono de nuestros mayores".

El pasado 8 de enero empezaron las declaraciones ante la Fiscalía de Madrid en el marco de una denuncia colectiva presentada el 10 de octubre por los familiares de 115 mayores que vivían en 72 residencias madrileñas -de los cuales 111 fallecieron- contra altos cargos del entonces Gobierno regional y los geriatras de veinticinco hospitales por al menos un delito continuado de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria.

Entre esos testimonios está el de Antonia y Ana García, cuyo padre ingresó en un geriátrico del madrileño distrito de Carabanchel el 13 de junio de 2019. Falleció en este centro el 31 de marzo de 2020, a los 86 años, a consecuencia de una neumonía, por posible covid-19, según el parte de defunción, aunque la familia asegura que "nunca" le hicieron la prueba. El cuerpo de Antonio García Rosales, al que sus hijas no pudieron ver desde el 9 de marzo, fue derivado para su incineración a Gijón. Y hasta muchos días después de su fallecimiento su hija Ana no tuvo las cenizas en su casa. Entre tanto oscurantismo como aseguran que vivieron, a Ana García hay momentos que le invade la duda. "A veces pienso si realmente tengo las cenizas de mi padre". Su duda no se sustancia en nada concreto. Solo es el último eslabón de una muerte que ha sido y sigue siendo muy traumática para sus allegados.

Antonia García y su hermana Ana recalcan que si decidieron interponer la denuncia es "en honor a su padre", por "los malos tratos" que sufrieron los familiares de los médicos y enfermeras durante la crisis sanitaria. Y porque su padre, Antonio García Rosales, que sufría una demencia y una discapacidad física, no fue derivado al hospital mientras estuvo en la residencia.

Entre las pruebas que Antonia García entregó al fiscal están los audios de los tres hermanos, "contándonos que no nos habían cogido el teléfono, que eran las 23.00 horas y que no sabíamos nada de nuestro padre. La doctora nunca nos llamaba. Alguna vez nos atendían las enfermeras del turno noche, que no eran de la planta de mi padre y ellas nos hacían el favor de ir a ver cómo estaba porque no nos habían informado durante el día", recuerda.

Se queja de haber recibido mensajes "contradictorios" y "ambiguos" acerca de si tenía oxígeno, de si estaba en un módulo de aislamiento, de si lo trasladaban a su habitación, de si tenía fiebre o si le administraban morfina. No tienen ningún informe oficial de la residencia.

Su padre falleció el 31 de marzo de 2020 a las 14.00 horas, pero los hijos se enteraron tres horas después, a las 17.00. "Nadie nos llamó para comunicarnos el fallecimiento de mi padre. Nos enteramos porque estábamos los tres colgados del teléfono hasta que atendieron a mi hermana Ana y le dijeron que había muerto", señala.

Como a todos los fallecidos en esas fechas, ellos tampoco pudieron "ver el cadáver de mi padre, ni enterrarlo, ni nada. Desapareció de la vida. El cuerpo se amontonó con otros en la residencia no sé cuántos días hasta que la aseguradora fue a recogerlo para después introducirlo en una cámara frigorífica en Parla; un día llamamos y nos dijeron que iban a incinerarlo a Gijón. Como nadie nos daba noticias llamábamos a donde podíamos para intentar contrastar la información. Cogimos todos los teléfonos de funerarias de Asturias hasta que un hombre con buen alma nos confirmó que a mi padre le habían incinerado tal día y que de allí saldría para Madrid de nuevo. Luego pasaron muchos días hasta que no nos entregaron las cenizas", detalla García, que todavía continúa en tratamiento psicológico para sobrellevar la pérdida.

Tampoco lo lleva mucho mejor Ana García. "Mi padre era natural de Linares; en los años 60 se fue a Algeciras a trabajar de albañil, y luego a Bilbao. Allí nací yo. Hasta que la familia se trasladó a Madrid. Él no conocía Gijón… y fue a conocerlo al final. A mí nadie me pidió permiso para el traslado de la incineración a Gijon, ni firmé nada. Solo les di la autorización cuando murió, a la aseguradora, para que pudieran recogerlo en la residencia. Si me lo hubieran pedido igual les habría dicho que si le podían incinerar en el sur, que era su tierra. Pero bueno… Ahora las cenizas las tengo depositadas bajo un olivo, en Linares, en su casa. Donde siempre quiso estar. Me siento allí y le hablo. Pero a veces pienso que igual ni son las cenizas de mi padre… Cosas que me da por pensar", encadena. A Gijón los envíos de cadáveres de Madrid para su incineración en el momento más duro de la pandemia se hacían siempre "con los registros de identificación oportunos", especifican desde la funeraria. Eran incineraciones rápidas y las cenizas se devolvían a Madrid a los pocos días.

Con la denuncia colectiva promovida por Marea de Residencias y la asociación "7.291: Verdad y Justicia", las familias esperan medidas "contra las personas que abandonaron a nuestros familiares" y que esto no vuelva a ocurrir porque "una persona con discapacidad tiene el mismo derecho a recibir auxilio que una persona normal y corriente".

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