La cuestión judicial que podría retrasar el reinicio de las obras en el hospital de Cabueñes: hablan expertos
Constructores y abogados afirman que un proceso judicial duraría años y creen que el "desgaste" de imagen de las partes hará que traten de cerrar un acuerdo

Estado actual de la obra de ampliación de Cabueñes. / ÁNGEL GONZÁLEZ
La batalla legal que el Principado asume que tendrá que lidiar con las constructoras de la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes, salvo un acuerdo entre las partes, podría ser larga. Abogados y constructores aseguran que, viendo el "tono" empleado por la Administración y su decisión ya anunciada de reclamarle a la adjudicataria un resarcimiento por los retrasos acumulados, "lo lógico" es que la unión temporal de empresas (UTE) esté pensando ya en una demanda contencioso-administrativa. Y adelantan que, en estos casos, hay que contar con que las constructoras, como medida cautelar, solicite bloquear los trámites para una nueva licitación. El sector adelanta también en la obra actual hay estructuras del futuro hospital que lucen ahora "expuestas" y que, de no cubrirse pronto, encarecerán los costes por su reparación.
Las palabras de la consejera Concepción Saavedra estos días suenan duras: acusa a la UTE de haber querido incrementar en 44 millones el presupuesto de la obra sin justificación –35 de ellos con un modificado)– y asegura que la ampliación, iniciada en verano de 2022, solo ha certificado 20 de los 79 millones de la adjudicación. Ahora bien, quienes ya han visto este tipo choques entre administraciones y constructoras aprecian una cierta escenografía. "El Principado y la UTE están abocados a cerrar un acuerdo. A ninguno de los dos les interesa eternizarse en un juzgado", señalaban ayer fuentes jurídicas especializadas en el sector constructivo. Todo dependerá, eso sí, de si el Principado accede a sentarse a hablar. La UTE la conforman la asturiana Los Álamos y el gigante FCC, y el músculo económico de este último hace que la administración asturiana tenga motivos para preocuparse. Si la constructora activa su engranaje jurídico, el Principado tendrá que prepararse. "Lo esperable es que FCC quiera ir con todo, porque puede. Tiene muchísima experiencia", señalan estas fuentes.
La constructora, entonces, puede pedir una medida cautelar especialmente preocupante: suspender los trámites de una nueva licitación de obra. Varios expertos jurídicos, de hecho, ven probable que lo haga, aunque también creen que el juez no llegará a dictarla. "Aquí la discrepancia es económica, una cuestión de quién debe indemnizar a quién, y no de quién hace la obra", apuntan estas fuentes. Consideran, en cualquier caso, que ambas partes "pueden jugar al desgaste" en estas próximas semanas para forzarse mutuamente a sentarse a negociar. De no lograrlo, el proceso podría durar varios años. Falta todavía por agotar, en cualquier caso, la vía administrativa con la propia mesa de contratación, que tiene que avalar la rescisión del contrato.
Partes de obra "expuestas"
Mientras, el Principado ultima con el Grupo Tragsa, de capital público, la nueva redacción del proyecto con la idea de acortar plazos, pero debe comprobarse qué parte de la obra está realmente terminada. Por ahora, constructores locales aprecian zonas "expuestas", como armaduras que pueden oxidarse y patios que por la diferencia de altura pueden acumular agua de lluvia. Esperan que la zona se proteja. Todo esto, sumado a que Salud quiere "mejorar" el proyecto e incluso sumar nuevos dispositivos, hace que la idea de reactivar la obra en un año, se antoje ambiciosa.
"Desgraciadamente, todo el proceso ha estado lleno de incidencias e irregularidades: se subcontrataba el 50 por ciento de la obra, lo que resulta excesivo, y la Administración no contemplaba un sistema eficaz de comprobación". Con estas palabras anunció ayer Pilar Fernández Pardo, diputada regional del Partido Popular, su intención de pedir a la Junta una comisión de investigación contra la Consejería de Salud si este próximo martes, en Pleno, las explicaciones de la consejera Concepción Saavedra "no aclaran las causas del fiasco". El PP recuerda que hubo una primera licitación de la obra que quedó desierta por no haberse actualizado el presupuesto, afirma que Saavedra "no contestó a nada" relacionado con la actuación este último año y señala que hay informes que alertaban de la "insuficiencia de medios" en la obra. Fernández Pardo tilda el parón de las obras como "un mazazo para Gijón y para la población que atiende Cabueñes, que con la desaparición de áreas sanitarias llegará a las 500.000 personas". El PP ya pidió parar la reagrupación hasta que se reactiven los trabajos.
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