Un conflicto laboral en el Ayuntamiento
La Sindicatura de Cuentas dirimirá la legalidad de pagar primas de jubilación
El gobierno espera la resolución y la izquierda exige que se atienda al colectivo de jubilados de los años 2022 y 2023 al que se la niegan

Marta Lázaro, a la izquierda, lee un comunicado junto a varios de los afectados por las primas de jubilación. | R.V.
El gobierno local espera la resolución de la Sindicatura de Cuentas, que tiene en proceso de revisión los expedientes de 2022, para clarificar la legalidad del abono de primas por jubilación. Y con ello poder poner fin a un desajuste que ha dejado en terreno de nadie a los trabajadores municipales que se jubilaron entre noviembre de 2022 y enero de 2024. Ese es el tiempo transcurrido desde que se anularan las primas de jubilación fijadas en el anterior convenio colectivo y empezaran los pagos de un similar complemento de productividad del nuevo.
Al margen de lo que diga la Sindicatura, está la iniciativa plenaria que, a petición de los afectados, llevan los grupos municipales del PSOE, IU y Podemos. Se plantea, por un lado, que el Ayuntamiento cierre la vía judicial eliminando los recursos contra las sentencias ganadas por algunos de los trabajadores y desistiendo de los procedimientos que aún no tienen sentencia; y, por otro, extender a finales de 2022 y año 2023 la retroactividad del actual convenio para dar cobertura a todos.
Ahora mismo el problema se centra en los 13 jubilados de 2022 que han visto como se declaraba nula la resolución que les permitía cobrar su prima de jubilación y los 10 que, jubilándose en 2023, la pidieron y les fue denegada.
El efecto puede ser mayor ya que se considera que la cifra final de trabajadores que llegaron al final de su etapa laboral podría llegar a 40. Y no hay que descartar, se explicaba ayer en una comparecencia pública, que la anulación de las anteriores primas de jubilación conlleve la exigencia de pedir que se devuelva el dinero a todos los que las cobraron. La media por trabajador es de unos 10.000 euros.
"Es inexplicable, injusta y arbitraria la discriminación que hemos sufrido. Hemos recibido un trato diferente a otros jubilados y nos obligan a dirimir el asunto en los tribunales", indicaban los afectados, que acompañaron a los ediles Marina Pineda (PSOE), Javier Suárez Llana (IU) y Olaya Suárez (Podemos) en la presentación de la propuesta de Pleno. Los afectados hacen hincapié en el incumplimiento del compromiso que recibieron por parte de la concejala de Hacienda, María Mitre, y la propia Alcaldesa, Carmen Moriyón.
Pineda cargaba contra Mitre y Moriyón por dejar "descolgados a los trabajadores" y Mitre cargaba contra el anterior de gobierno, y en concreto contra Pineda (su antecesora en la concejalía), por haber sido en el anterior mandato cuando se paralizó el pago de esas primas por dudas sobre su legalidad y por haber sido la propia Pineda quien no dio solución al problema. "Aquí la única que dejó tirados a los trabajadores y con un convenio caducado fue la señora Pineda", remató Mitre.
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