El ADN, clave para imputar a los hermanos del gijonés hallado muerto en Somiedo: un caso que estremece a la región
Su defensa entiende que si las pruebas confirman la versión de los detenidos estos serían juzgados por una estafa al haber seguido cobrando su pensión

El entorno donde se recuperó el cadáver de Luis María J. C., en la AS-227 en el concejo de Somiedo. En el recuadro, el retrato difundido por la Guardia Civil. / Pablo Palomo

Unas pruebas de ADN que se entienden como un trámite, pero que pueden ser claves en la instrucción del caso de "el hombre delgado". Enrique y Enriqueta J. C., los dos hermanos que se encuentran en prisión después de que confesaran que el cadáver hallado en Somiedo en 2015 era el de su hermano discapacitado y cuya muerte ocultaron para seguir cobrando su pensión diez años, aguardan a que los resultados de laboratorio confirmen su confesión. Un paso que podría hacer variar su imputación en un caso que ha sido desvelado en primicia por LA NUEVA ESPAÑA. Por ahora, están siendo investigados por los delitos de retención ilegal, desobediencia a la autoridad y quebrantamiento de los deberes de custodia. Su entorno legal considera que, cuando las pruebas de ADN corroboren su versión, terminarán sentándose ante el juez por un delito que tire más hacia la estafa económica a la administración al entender que, al menos, los delitos de retención ilegal y el quebrantamiento no los pudieron cometer porque el perjudicado ya estaba muerto.
Los resultados de esas pruebas abren, en cualquier caso, dos escenarios. El primero, que es prácticamente imposible y con el que nadie, ni los investigadores ni el entorno de los detenidos contemplan, es que el cadáver de Somiedo no sea el del hermano de los encarcelados lo que supondría un giro de 180 grados al tema. Es decir, que lo dos hermanos mintieran en su confesión. Y el segundo, el más probable y el que se da por sentado que es solo cuestión de tiempo que se tenga encima de la mesa, es que los resultados del laboratorio confirmen lo dicho por los implicados en comisaría y en los Juzgados.
El entorno de los detenidos entiende que el resultado de las pruebas no tardarán en llegar. Será cuestión de días por lo que podrían estar listos ya la próxima semana o, como tarde, la que viene. El proceso no es complicado. Principalmente porque ya se tienen muestras de ADN de los tres. Los dos hermanos, en presencia de sus abogados, accedieron a que se les tomaran. Se les recogió saliva con un bastoncillo. Compararlas con las del cadáver hallado en Somiedo es fácil. No será necesario exhumar sus restos de la tumba sin nombre en la que descansa en el pueblo somedano de Arbellales. Ya en su día se le tomaron muestras para poder analizarlas si algún día se tenía una pista de quien podía ser.
Dichas pruebas pueden cambiar la delitos que se les atribuyen ahora en la instrucción. Su entorno considera que el delito de retención ilegal no lo pudieron cometer, ni tampoco el quebrantamiento de guardia y custodia. La investigación se inició sobre los dos hermanos porque nunca se presentaron a ninguno de los requerimientos judiciales a los que fueron citados para actualizar la figura de la custodia que tenía sobre su hermano desde el 2004 a la de curatela. Un cambio que vino por la reforma legal que hubo en este tema en el año 2021. Su entorno entiende que, a la luz de su confesión, nunca retuvieron a su hermano cuando se inició el proceso contra ellos porque para entonces ya llevaba muchos años muerto. Y por la misma razón tampoco quebrantaron su deber de custodiarlo. Ya no había nada que custodiar.
La Fiscalía los denunció tras perder la tutela
El papel del Ministerio Fiscal en el caso de los dos hermanos de "el hombre delgado". La Fiscalía denunció a Enrique y a Enriqueta J. C. en un primero momento por un posible delito de quebrantamiento de los deberes de custodia una vez que incumplieron el mandato judicial de llevar a su hermano, Luis María J. C., a una residencia para que ocupara la plaza que el Principado le había asignado. Esto sucedió poco después de que el Juzgado les removiera la tutela que habían asumido en el año 2004. Dicha denuncia fue un elemento importante para iniciar la investigación que terminará por asumir la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y que derivó en la resolución del caso del cadáver de Somiedo, un asunto que estuvo sin respuestas durante diez años.
La Fiscalía, tras haber pasado los dos implicados a disposición judicial, solicitó para ellos su entrada en prisión provisional comunicada y sin fianza por los delitos de detención ilegal, desobediencia a la autoridad y quebrantamiento de lo deberes de custodia. El Ministerio público entendió que había riesgo de que los dos hermanos volvieran a tratar de fugarse. La Policía Nacional los localizó en un hospedaje en Irún, en la provincia de Guipúzcoa. Fue la Ertzaintza, la policía autonómica de Euskadi, la que efectuó la detención. Ya una vez en la comisaría de El Natahoyo, los hermanos confesaron lo que habían hecho.
Estas mismas fuentes no descartan, por otro lado, que el delito de desobediencia a la autoridad se les siga manteniendo. La explicación está relacionado con lo anterior. Fue en octubre de 2023, de hecho, cuando el Juzgado les requirió para que su hermano fuera examinado. Nunca lo llevaron. Fueron citados judicialmente en numerosas ocasiones y nunca fueron. La tutela les fue removida al no cumplir el mandato judicial de llevarle a una residencia para la que el Principado les habían dado plaza. Fue en ese momento cuando la Fiscalía los denunció por el delito de quebrantamiento de los deberes de custodia. Su entorno legal entiende que, con las prueba de ADN corroborando su confesión, terminarán respondiendo por un delito de estafa a la Administración Pública.
Esto es así porque, según lo que dijeron, a Luis María J. C. lo tiraron en una cuneta en Somiedo en diciembre de 2014. Aunque el cuerpo del fallecido, que murió en su casa de un infarto, lo encontraron el 11 de enero dos excursionistas de León los hermanos callaron. No dijeron nada en los próximos diez años. Y lo hicieron, supuestamente, para seguir cobrando la importante pensión que recibían por atender a su hermano, que vino al mundo con una parálisis cerebral. La explicación que dieron es que cuando falleció no pudieron hacerse cargo del entierro. Contaron que, por haberse dedicado al cuidar a Luis María J. C., la vida se les había pasado casi trabajar. Ahora, rondan los setenta años los dos. Fue en un arrebato cuando decidieron deshacerse del cuerpo. Los dos permanecen en la UTE de la cárcel de Asturias. Allí pueden compartir espacios comunes, pero cada uno tiene su celda. La Fiscalía pidió su ingreso en prisión porque se fugaron. Llevaban, aunque de otra manera, diez años haciéndolo.
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