La ansiada victoria judicial de cuatro familias gijonesas: recuperan gastos de hipotecas firmadas hace 20 años

Un matrimonio gijonés acaba de recuperar -o está en proceso de hacerlo- cerca de 1.000 euros que el banco le hizo gastar injustificadamente hace 26 años. Tanto tiempo ha transcurrido que a esos mil euros tendrán que sumarle casi la misma cantidad por intereses.

Otro matrimonio local recibirá más de 3.000 euros -y casi lo mismo de intereses– por unos gastos semejantes que tuvieron que hacer en los años 1999 (hace 25 años), en el 2001, en el 2003 y en el 2009. Y no son los únicos, ni mucho menos. Una gijonesa recibirá más de 1.500 euros por los mismos abonos que ella tuvo que hacer en 2017. Y otra mujer recibirá igualmente más de 600 euros por el gasto indebido en el que la hicieron incurrir en 2004. Hace ya 20 años de aquel abono.

Todos los casos citados, fallados judicialmente en los últimos meses, tienen que ver con los gastos que durante mucho tiempo los bancos imponían unilateralmente a todos los particulares que firmaban con ellos una hipoteca. Las entidades financieras obligaron de forma generalizada a los particulares a pagar la tasación del inmueble sobre el que se suscribía la hipoteca y, además, todos los gastos de la operación: los costes y tributos derivados de la escritura y de su inscripción en el Registro de la propiedad, así como de la gestión y tramitación necesarios ante notario.

Hace ya varios años que los tribunales venían sentenciando que se podía considerar "abusivo" que "se impusiera al consumidor el pago de todos y cada uno de los gastos y tributos que se pudieran generar en los contratos de préstamo hipotecario, sin obtener a cambio contraprestación alguna". Lo que estuvo en solfa durante algún tiempo fue el tiempo que podía transcurrir para solicitar esa devolución de los gastos, con sus correspondientes intereses. Esa duda la zanjó el pasado año el Tribunal Supremo que, siguiendo la estela del Tribunal Superior de Justicia Europeo, que también se pronunció sobre estos casos, remarcó que la cláusula de gastos es abusiva a partir de diciembre de 1994, lo que permite recuperar esas cantidades pagadas hace casi 30 años. Y se extiende hasta el 2019.

De ahí el reguero de sentencias que están generándose en toda España, muchas de ellas -como varias de las citadas con casos gijoneses- tramitadas por la Unión de Consumidores de Asturias. De hecho, Dacio Alonso, presidente de UCE-Asturias, trasladaba el problema de los contratos bancarios abusivos al Consejo de Consumo de Gijón, celebrado hace poco más de una semana, donde animó al edil Abel Junquera, "a poner en marcha un ambiciosa campaña de información para llegar a más de 40.000 personas o familias que en Gijón están pagando o ya pagaron religiosamente su hipoteca, para que recuperen el dinero que es suyo por la imposición de la cláusula de gastos y comisión de apertura. Las entidades bancarias se están quedando con el dinero de sus clientes declarando como beneficios lo que adeudan por cláusulas abusivas. Hipotecas formalizadas desde 1995 a 2019, con una estimación de deuda bancaria a los hipotecados cercana a los 60 millones de euros, y eso considerando muy a la baja, ya que de 40.000 hipotecados que hay en Gijón, a una media de 1.500 euros por hipoteca que se les debe, el monto es altísimo", explicó Alonso.

Desde la Unión de Consumidores de Asturias "ya hemos conseguido a través de sentencias judiciales firmes la devolución de más de 2,5 millones de euros por gastos hipotecarios que se cobraron indebidamente y ahora se suma también que se ha considerado abusiva la comisión de apertura. Nuestro compromiso 2025 en Gijón es llegar a todas las personas que están pagando su hipoteca o ya la tiene amortizada, para que sepan que su banco le adeuda el importe de estos gastos y de esa comisión de apertura si la tuvieron, y nos ponemos a su disposición para recuperarlos. Si te resignas, tu banco se queda con tu dinero".

En la misma línea de facilitar las devoluciones sin ni siquiera pasar por el juzgado, en los últimos meses se ha llevado a cabo una modificación de la ley nacional de Consumidores y usuarios que faculta a los jueces a sancionar de oficio con un 50% más de intereses cuando, como en este caso de estas cláusulas que han sido declaradas abusivas por todas las instancias judiciales nacionales y europeas, no se facilite la devolución y se obligue a recurrir judicialmente. "Y todo con el objeto de disuadir a los bancos para que no obliguen a litigar a sus clientes contra cláusulas abusivas que ya tienen una jurisprudencia consolidada", explica Dacio Alonso.