Gijón se blinda contra los parques de baterías: no dará licencias en un año

Igual que hiciera para poner freno a las viviendas de uso turístico, el Ayuntamiento de Gijón promoverá una moratoria de un año en la concesión de licencias para la implantación de parques de baterías. Y lo hará con el mismo objetivo, dar tiempo al desarrollo de una regulación desde el Principado. Eso sí, no será una prohibición parcial como la de los pisos turísticos que acaba de caducar. La prohibición de licencias para parques de baterías afectará a todo el concejo "sea cual sea el tipo de suelo en el que se pretende implantar". Ahora mismo es Tremañes donde se focaliza el problema gijonés y donde se han movilizado los vecinos .

Esa moratoria fue el anuncio que hizo el edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, durante la sesión plenaria de esta mañana y aprovechando el debate generado por una proposición del PSOE, formalizada por José Ramón Tuero, que solicitaba la modificación por el trámite de urgencia del Plan General de Ordenación (PGO) para limitar la ubicación de estas instalaciones de almacenamiento de energía al suelo industrial y fijando una distancia mínima de 100 metros respecto a núcleos de población. En formato de ruego también Podemos planteaba modificar el Plan General. 

Los vecinos de Tremañes, en pie de guerra contra los parques de baterías: "No pueden colocar algo tan peligroso a veinte metros de una vivienda"

Gijón no tocará su Plan General –así se decidió en una votación donde los socios de gobierno rechazaron la propuesta del PSOE apoyada por toda la izquierda y donde Vox optó por la abstención– pero "ya que la regulación del Principado no va a ser inminente (se estima que la tramitación se prolongue entre año y medio y dos años ) y para tranquilidad de los vecinos" vamos a promover esta moratoria", concretó el edil de Urbanismo recordando además que la moratoria en el mismo sentido avanzada por el Principado solo es de aplicación en suelo no urbanizable. 

Martínez Salvador dio dos razones para no optar por la modificación del PGO que le pedía la oposición. Una, que era "innecesario" restringir su ubicación a suelos industriales porque es algo que ya se recoge en el planeamiento actual. Y otra que era "altamente desaconsejable y una temeridad jurídica" fijar esa distancia de 100 metros. Recordó que haber puesto esa condición para ubicar gasolineras conllevó una sentencia judicial obligando a suprimir esa referencia. "No modificar el PGO no aboca a Gijón a una situación peligrosa entendiendo por peligrosa la implantación descontrolada de esas instalaciones", sentenció Martínez Salvador para quien "toca apremiar" al Principado para que trabaje en el cambio de regulación. 

"Una moratoria de un año solo significa aplazar el problema un año. No sé la razón de que no se puede modificar el Plan General para que ponga expresamente las limitaciones", concretó el socialista Tuero quien había reivindicado la necesidad de tomar medidas para dar respuesta a la "alarma social" generada. En sus intervenciones previas al anuncio de la moratoria Javier Suárez Llana (IU) había defendido la idoneidad de modificar el Plan General "porque que haya o no un parque de baterías en el polígono de Lloreda es una decisión municipal" y Sara Álvarez Rouco reprochado a la izquierda que hubiera votado en contra de una propuesta similar de su partido en Langreo.

Olaya Suárez ya en la defensa de su ruego –que tuvo lugar horas después de la iniciativa del PSOE y que fue rechazado– retó al gobierno a ir a Tremañes "a explicar a los vecinos porque no hacemos un trámite para protegerlos de instalaciones peligrosas. Una moratoria de un año, y al otro año, ¿qué?".