Los trámites de la moratoria se activan ya para lograr el "sí" del Pleno en marzo
La previsión es que la moratoria del Principado se apruebe en marzo

Entorno entre Caldones y Lavandera donde se ubica el proyecto de un parque de baterías. / Ángel González
Será el Pleno el que, como ya ocurriera con las viviendas de uso turístico, tenga que aprobar la moratoria en la concesión de nuevas licencias municipales a la instalación de parques de baterías en Gijón anunciada por el equipo de gobierno. Una aprobación que está garantizada aunque solo sea por la mayoría que suman Foro, PP y el edil no adscrito en el salón de plenos.
Con esta aprobación plenaria en el horizonte el gobierno, y más en concreto el área de Urbanismo que lidera Jesús Martínez Salvador, ha puesto toda la maquinaria en marcha con la intención de que esta aprobación se puede dar en el pleno ordinario del próximo mes de marzo. Luego, solo quedaría su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) para que entrara en vigor.
Sería una moratoria por un año y para todo Gijón, independientemente de la calificación del suelo. Así lo explicó Martínez Salvador al anunciarla en el Pleno junto al rechazo a acometer, como le pedía la oposición, una modificación del Plan General de Ordenación que pusiera límites a estas instalaciones.
Otro matiz. La iniciativa del Ayuntamiento de Gijón se hace de forma paralela –y sin necesidad de que haya una coordinación entre ellas– a las que se están desarrollando en el ámbito del Principado y que incluyen una moratoria en suelo no urbanizable. En el caso de Gijón el propio PGO ya limita la ubicación de este tipo de instalaciones a los suelos industriales y son esos suelos los que quiere preserva el Ayuntamiento. La previsión es que la moratoria del Principado se apruebe en marzo. Para la regulación definitiva habrá que esperar entre año y medio y dos años.
¿Afectará la moratoria a alguna de las solicitudes de instalación de esos parques en Gijón? Ahora mismo el Ayuntamiento no tiene sobre la mesa ninguna solicitud ya que la operativa requiere de un trámite previo en el Principado que no ha culminado en ninguno de los casos. La amenaza más evidente está en Tremañes donde la ubicación es en suelo industrial.
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