El Principado rechaza frenar que Cimavilla y La Arena sean zonas tensionadas: "Vamos a seguir adelante"

"Vamos a seguir adelante". Así de claro y contundente se mostró este jueves el responsable de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos en el gobierno del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, sobre los planes de su consejería para impulsar la declaración como zonas residenciales tensionadas de Cimavilla y La Arena. El mensaje de Zapico (IU) llegaba solo unas horas después de que el Pleno de Gijón acordase mostrar su rechazo a esa posibilidad. Una iniciativa que promovieron en el Pleno los grupos municipales de Foro y PP –los dos que dan soporte al gobierno local–y sumó los apoyos de Vox y el edil no adscrito, Oliver Suárez. PSOE, IU y Podemos votaron en contra.

Gijón frena las zonas tensionadas que impulsa el Principado para Cimavilla y La Arena

Aunque el acuerdo plenario que el consejero puso en valor fue el de noviembre de 2023 cuando la Corporación gijonesa acordó –esta vez a partir de una propuesta de Podemos que salió adelante gracias a la abstención entonces de los ediles de Foro y PP–instar al Principado a poner en marcha la maquinaria para que esos dos barrios de Gijón optaran a esa declaración como paso previo a poder tomar desde la administración medidas para favorecer el acceso a la vivienda.

"El Pleno nos hizo la petición de incluir esos dos barrios. El estudio ya está lanzado y en ello estamos trabajando", indicaba el consejero al tiempo que dejaba claro que en esta materia "la potestad es única y exclusivamente de la consejería de Vivienda; es decir, nuestra". Ese que no se va a parar el proceso oficializado por Zapico desde la consejería ya lo había anunciado en el propio salón de plenos el portavoz del grupo municipal de IU. Javier Suárez Llana retó al gobierno gijonés a trabajar junto a la consejería en esa declaración y en las medidas que de ella salgan porque "en su mano está ser parte de la solución y no del problema; la solución, téngalo claro, llegará con o sin ustedes".

Cambios a peor

Una de las críticas del gobierno local a la consejería es que se haya lanzado a anunciar la declaración de zona tensionada para Cimavilla y La Arena sin haber desarrollado antes todos los estudios específicos que fija la ley de Vivienda. El Principado presentó hace unos meses un primer estudio –que en el caso de Gijón vislumbraba un problema en los precios del alquiler en todo el casco urbano– del que ha salido una propuesta de declaración de 16 zonas de mercado tensionado en Asturias repartidas en seis concejos. Cimavilla y La Arena están en esa lista y sobre cada uno de esos barrios se hará un informe específico antes de oficializar que sean declaradas zonas de vivienda tensionadas.

Aunque son los datos de este segundo estudio los que serán devisivos, Zapico entiende que el resultado final será el marcado en el estudio preliminar ya que "si algo ha cambiado en Asturias en esta materia ha sido a peor, no a mejor".

El Principado ha recurrido a la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias (SERPA) para que haga los estudios del proceso de declaración de las dieciséis zonas de mercado residencial tensionado en las que la Consejería está trabajando en los municipios de Gijón, Langreo, Avilés, Llanes, Gozón y Cabrales. Es un contrato de 232.000 euros con un plazo de ejecución de ocho meses.

"Con esos estudios se construirá el armazón jurídico de las declaraciones y, a la par, iremos hablando con esos seis ayuntamientos para consensuar que medidas correctoras vamos a aplicar No queremos declarar por declarar; queremos declarar y actuar en el territorio para reducir esa tensión que hace que el precio del alquiler esté por las nubes y sea inasumible para la inmensa mayoría de la población", sentenció el consejero.

A consensuar medidas también se refería el acuerdo plenario defendido por Foro y PP. Aunque difícil parece llegar a ese consenso cuando desde el gobierno local gijonés ya se rechaza la opción de limitar los precios de alquileres, que parece ser la medida estrella de la propuesta de la consejería. El gobierno de Gijón rechaza medidas que considera intervencionistas y sectarias y aboga por facilitar apoyo para ampliar el parque de viviendas. Su alternativa es el plan "Llave".