Las ayudas al billete del autobús municipal en Gijón vuelven a estar en riesgo (y este es el motivo)

La nuevas ayudas estatales para rebajar el precio del transporte público local y metropolitano incluyen en su letra pequeña un escollo para Gijón. Los requisitos para las entidades locales con obligación legal de contar con una zona de bajas emisiones (ZBE) incluyen tener estas áreas "ya implantadas de manera efectiva" o con el "compromiso" de estarlo a lo largo de este año. Y esa implantación efectiva, señalan las bases, implica tener "un régimen sancionador activo, quedando excluido para esta consideración el sistema de avisos que pudiera haberse contemplado previamente". Desde el gobierno local, ahora, inician un proceso que se antoja complejo y que, según fuentes municipales, apuesta por convencer a Transportes para modificar esta condición, que a nivel local quiere retrasarse hasta 2028 –la ZBE se aprobará antes, pero sin sanciones– y vinculado al impulso del proyecto a los accesos al Puerto tras el fiasco del vial de Jove.

El lío con las ayudas estatales al transporte públicos se remonta, en realidad, a enero, aunque en aquel momento no se había concretado aún cuáles serían las exigencias. Fue entonces cuando se aprobó, al segundo intento, el debatido decreto "ómnibus", con una batería amplia de medidas. Su decaimiento en una primera votación en el Congreso dejó inactivos a finales de enero y durante solo unos días los descuentos estatales del autobús. Tras su aprobación, ese descuento se mantiene ahora vigente hasta el 30 de junio y con las mismas condiciones ya conocidas: las tarifas de Emtusa disponen de un descuento del 50 por ciento, un 30 financiado por el Gobierno de España y el 20 restante por el Ayuntamiento. Esto se traduce en que la tarifa ordinaria del bono bus, la más habitual, cuesta hoy 38 céntimos.

A partir del 1 de julio, sin embargo, se activará una cofinanciación nueva, con una convocatoria ya activa para que las entidades locales la soliciten. Es similar a la actual, pero algo menor: el descuento sería del 40 por ciento, financiado a medias por el Gobierno de España y el ayuntamiento de turno. También proyecta ayudas para servicios de bicicleta compartida.

Es aquí donde Gijón afronta problemas. Las bases publicadas por el Ministerio de Transportes este mes aclaran que la obligación de contar con una zona de bajas emisiones es más exigente de lo previsto. Hasta ahora, se hablaba de que las ZBE tendrían que estar activas, y la interpretación de algunos ayuntamientos, como el caso de Gijón, era que eso pasaba por tenerlas diseñadas y aprobadas. En esa línea trabaja la concejalía de Movilidad, en manos del forista Pelayo Barcia, que hace pocos días todavía había anunciado que llevaría pronto a Pleno la aprobación inicial del proyecto. Explicaba entonces el edil que, con los plazos actuales, quedaba aún margen suficiente para poder habilitar el habitual proceso participativo para este tipo de planes antes de tramitar la aprobación definitiva, que siempre se dijo que llegaría antes de fin de año. Se entendía que, así, se cumplía con la orden ministerial.

"Régimen sancionador"

Pero las nuevas ayudas dicen ahora otra cosa. Las bases del Ministerio de Transportes señalan: "Las entidades locales con obligación legal de disponer de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), como los municipios de más de 50.000 habitantes, deberán contar con una ZBE ya implantada de manera efectiva o comprometerse a tenerla durante 2025". Y a renglón seguido aclaran: "Para considerar efectiva la implantación de la ZBE será necesario disponer de una normativa municipal vigente y de aplicación donde se establezca la delimitación legal de la ZBE y su regulación; así como medidas de prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según el potencial contaminante de los vehículos". Esas ZBE deberán tener también "un sistema de control de accesos, monitorización y seguimiento, y de un régimen sancionador activo". Ya no hay lugar a dudas: de acuerdo a las indicaciones actuales de Transportes, los descuentos estatales a Emtusa a partir de julio no llegarán si la ZBE de La Calzada no pone multas.

Una disposición transitoria

Ante este nuevo escenario, el gobierno local quiere mover ficha. Desde el Ayuntamiento señalan que no se baraja la idea de poner multas este año, sino al revés: convencer a Transportes para que el régimen sancionador se demore hasta 2028. Y entienden que tienen argumentos suficientes para lograrlo. Por un lado, porque la idea es legal, desde el punto de vista técnico: se podría tramitar esta demora como una disposición transitoria. Por otro, desde el Consistorio consideran tener un motivo de peso: el vial de Jove.

Estas fuentes señalan que "la reivindicación histórica" de que el Puerto tenga accesos alternativos a la castigada avenida de Príncipe de Asturias no puede abordarse de manera independiente a la ZBE proyectada en La Calzada. Señalan que los "retrasos injustificados" de una licitación ahora ya fallida –y con la opción de Aboño como alternativa pero sin desarrollar– contradicen la esencia básica de una zona de bajas emisiones. "Resulta difícil para los vecinos de los barrios afectados aceptar restricciones sobre sus vehículos particulares mientras por la avenida Príncipe de Asturias continúan transitando diariamente alrededor de 1.000 vehículos pesados", señalan estas fuentes. Se entiende, por tanto, que la ZBE de La Calzada no puede estar "plenamente operativa" hasta que los camiones rumbo a El Musel dejen de atravesar la ciudad. La disposición transitoria marca la fecha de 2028 por eso, porque es para entonces para cuando se estima que el tráfico pesado abandonará la zona oeste.

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