Regla de gasto cumplida y un superávit de 19,4 millones en las cuentas del Ayuntamiento de Gijón de 2024

El Ayuntamiento de Gijón ya puede respirar tranquilo y seguir adelante con su gestión presupuestaria. El informe sobre las obligaciones impuestas por la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera sobre la ejecución presupuestaria de 2024 da por cumplidos todos los parámetros exigidos. Eso supone alejar la sombra de un plan económico financiero que pudiera obligar a hacer ajustes en las cuentas municipales y poder empezar ya a dar uso al remanente disponible tramitando su incorporación a partir de las correspondientes modificaciones presupuestarias. El informe elaborado desde la Intervención municipal ya ha sido enviado, como es preceptivo, al Ministerio de Hacienda. Un trámite administrativo que, en principio, no debe dar lugar a ninguna sorpresa.

El informe avala el cumplimiento de la regla de gasto en cuanto el incremento del gasto computable, respecto al resultante en la liquidación de 2023, no supera la tasa media de crecimiento medio de la economía. Eso quiere decir que se ha cumplido con ese tope de crecimiento del 2,6% que se había fijado a las administraciones municipales. Tampoco hay problemas con el límite de deuda, que está por debajo de los máximos permitidos por ley. A 31 de diciembre de 2024 el endeudamiento respecto a los ingresos corrientes estaba en los 111,1 millones. Un porcentaje de endeudamiento del 38,4%. El tope está en el 110%.

Y en cuanto a la capacidad de financiación –la diferencia entre los ingresos y los gastos financieros– es positiva en la cuantía de 19.426.658,95 euros. Eso supone que el Ayuntamiento de Gijón cerró 2024 con superávit presupuestario. Un 2024 que arrancó con un presupuesto municipal aprobado en pleno de 300,5 millones que, tras la suma de modificaciones, se elevó a 381,4.

Hay que recordar que la temida regla de gasto, junto al resto de las reglas fiscales fijadas en la normativa de 2012 para controlar el incremento del gasto en las administraciones públicas, se reactivó el año pasado tras su suspensión en 2020 por la situación de emergencia extraordinaria que supuso la pandemia sanitaria. Una reactivación que llevó al equipo de gobierno, y en concreto a la concejalía de Hacienda que encabeza la forista María Mitre, a impulsar un proceso de monitorización y control de los gastos de las concejalías para garantizar que no se superara el tope fijado. No se ha incumplido por muy poco, explican fuentes municipales, porque la intención era lograr, sin pasarse, activar el máximo gasto posible para no tener que renunciar a las acciones comprometidas en el presupuesto.

Gijón, por tanto, ha esquivado los problemas que conlleva el incumplimiento de la regla de gasto. Al contrario que otros ayuntamientos. Sin ir más lejos, el de Oviedo la excedió por 2,7 millones. El Ayuntamiento de Avilés también ha tenido problemas con la regla de gasto, aunque arrojara una capacidad de financiación de 12,1 millones.

Ya con todos los informes vinculados al cierre de cuentas del año pasado elaborados, el gobierno de Carmen Moriyón puede empezar a tramitar las modificaciones presupuestarias que den salida a los 34,7 millones de remanente líquido de tesorería que han quedado para gastos generales del Ayuntamiento. Modificaciones a incorporar al presupuesto de partida de 303,5 millones. El destino de esos millones depende del resultado de la negociación abierta entre los dos socios de gobierno, Foro y PP, aunque ya hay algunos objetivos que están claros y que darían vida a las primeras modificaciones a tramitar para su aprobación en pleno.

Así, y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, está comprometido usar el remanente para comprar la finca de La Isla para su incorporación al Jardín Botánico y la finca que la Universidad tiene en el ámbito de la Pecuaria y que el Ayuntamiento quiere para su proyecto de ampliación del Parque Tecnológico. También se tirará de remanente para poder adelantar la financiación que reciben del Ayuntamiento los clubes deportivos que tienen el aval de un convenio y se pretende usar parte del dinero para dar salida a subvenciones pendientes del plan de fachadas, a amortizar parte de la deuda del préstamo para la renovación de los autobuses de Emtusa y a blindar algunos de los contratos vinculados al desarrollo de Tabacalera.

Todo ello en base a lo que se acuerde en la negociación política y también al cumplimiento de la legislación. Hay que tener en cuenta que la ley de estabilidad presupuestaria plantea destinar el superávit de 2024 a la reducción de deuda en 2025 en base a una serie de condicionantes. Aún no se tiene afinada la cifra en el Ayuntamiento, pero estaría rondando esos 19 millones. La normativa actual indica que la cuantía necesaria debe reservarse del remanente. Otro elemento a tener en cuenta.

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